Política
Motosierra: el Gobierno disolvió otros cinco fondos fiduciarios
La decisión se oficializó mediante el decreto 1048/24 y se enmarca en la revisión de los Fondos Fiduciarios Públicos.
El Gobierno Nacional dispuso el cierre de cinco fondos fiduciarios luego de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) lleve adelante las auditorías. Los fondos afectados son el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE) y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Según el Ministerio de Economía, los cinco fondos presentaban «un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados». La decisión se oficializó mediante el decreto 1048/24 y se enmarca en la revisión de los Fondos Fiduciarios Públicos que viene haciendo el Ejecutivo.
“Establécese que continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación”, especifica el decreto.
¿Cuáles son los argumentos del Gobierno para cerrar los fondos?
En cuanto al FONDCE, se detectaron debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión. Además, se encontró un alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables, con una morosidad que alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota.
El Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria también presentaba problemas, ya que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas. Además, se detectaron bases de datos no actualizadas y registros sin soporte confiable, lo que impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente.
El PROINE, creado en 2020, no registró ingresos de bienes fideicomitidos ni realizó operaciones fiduciarias en los cuatro años posteriores a su creación. Por su parte, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, según el Gobierno, presentaba incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata y de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.
Ante la disolución de ese Fondo, aclararon que el Ejecutivo “mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.
Finalmente, el PROICSA, creado en 2012, presentaba ausencia de controles y rendiciones de cuentas, así como una administración costosa y discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados.
