Política
La Inspección General de Justicia intervino un instituto que preside Patricia Bullrich por usar sus fondos para la campaña electoral
Además de irregularidades contables, detectaron “un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político».
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, dispuso la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) por un período de 180 días hábiles debido a irregularidades contables y otras cuestiones detectadas en la institución, cuya presidenta es la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.
La Resolución 742/2023, emitida por el ministro Soria, establece la intervención de la asociación civil en virtud del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315. Según se detalla en el comunicado oficial, se verificaron irregularidades contables y acciones ajenas al objeto social autorizado para el funcionamiento del instituto.
La medida dispuesta generó un fuerte cruce de declaraciones entre el ministro Soria y Patricia Bullrich a través de Twitter. Bullrich acusó al ministro y al Gobierno de desviar la atención de los problemas económicos y de inflación, mientras que Soria le reprochó la falta de conocimiento sobre las competencias de los ministerios y mencionó un presunto sistema ilegal de recaudación vinculado al partido político de Bullrich.
La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabes ni las competencias de cada Ministerio pero decís que hay que cerrarlos.
Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido politico, mucho antes de que seas candidata!! https://t.co/Spw6CynKNm
— Martin Soria (@MartinSoria_) July 12, 2023
La intervención del IEES fue solicitada por el Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, y se basa en las investigaciones realizadas por ese organismo. Según dichas investigaciones, se han desarrollado acciones ajenas al objeto social del instituto y se ha utilizado para fines distintos a los autorizados.
Además, se detectaron irregularidades contables y administrativas, como un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos de la institución y el financiamiento de actividades políticas personales de Bullrich.
La defensa de Bullrich argumenta que el instituto es su forma de vida y que trabaja generando y dando seminarios. Asegura que cumple con su labor de manera correcta y formal.
Desde Juntos por el Cambio salieron en defensa de Patricia Bullrich. El exmandatario Mauricio Macri calificó la intervención como un atropello y denunció el uso de agencias estatales para perseguir a la oposición. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también respaldó a Bullrich y calificó la intervención como parte de una campaña sucia.
El sumario instruido por la IGJ incluyó inspecciones, recopilación de documentación y análisis de información de acceso público. La intervención de 180 días hábiles se lleva a cabo luego de que la resolución correspondiente haya adquirido firmeza en la causa «Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias» (CIV 24775/2023), que se encuentra en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28.
La IGJ determinó que el uso estructural y financiero del IEES para la campaña política de Bullrich no solo viola las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que también podría constituir una violación de la ley 26.215, que regula la financiación de partidos políticos.
La Inspección General de Justicia tiene la responsabilidad de verificar la legalidad de los objetivos de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar un control continuo para evitar el uso indebido de las personas jurídicas registradas.
El pasado 10 de abril la IGJ ya había dispuesto la intervención judicial del IEES y la remoción de los miembros de su comisión directiva tras investigar los movimientos financieros y las actividades de los directivos durante el año 2022.
En respuesta a la intervención, la abogada Silvina Martínez denunció al titular de la IGJ por abuso de autoridad y persecución contra organizaciones afines a JxC, alegando que se ha utilizado el poder del Estado para perseguir a entidades civiles presididas por dirigentes opositores.
Fuente: Télam
