Chubut acuerda con YPF US$ 25 millones y bienes a cambio de liberar pasivos ambientales.

El Gobierno de Chubut envió a la Legislatura provincial el proyecto de ley para ratificar el Acta Acuerdo firmada con YPF, que desata una fuerte polémica con el Municipio de Comodoro Rivadavia y buena parte del arco político de la ciudad petrolera. El convenio, ingresado en las últimas horas, aprueba la transferencia de responsabilidades ambientales de las áreas cedidas por la empresa, libera a YPF S.A. de futuros reclamos por pasivos anteriores a esas cesiones y establece una contraprestación extraordinaria de 25 millones de dólares, además de la donación de una amplia nómina de bienes muebles e inmuebles a favor de la Provincia.

El Acta Acuerdo fue firmada el 26 de junio entre la Provincia del Chubut y YPF S.A. por el gobernador Nacho Torres y los apoderados de la petrolera, Matías Farina y Lisandro Deleonardis, quedando su vigencia condicionada a la sanción de la ley aprobatoria. Según la nota remitida a los diputados, el objetivo central es aprobar, en los términos del artículo 10 de la Ley XI Nº 85, la transferencia de las responsabilidades ambientales vinculadas a las concesiones de explotación de las áreas El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, actualmente operadas por empresas cesionarias.

La exposición de motivos recuerda que las cesiones de esas áreas ya fueron autorizadas mediante distintos decretos provinciales y que, previamente, la Secretaría de Ambiente aprobó las auditorías de cierre y los planes ambientales específicos de cada concesión, condición prevista en la normativa para trasladar la responsabilidad del cedente al cesionario. El artículo primero del acuerdo establece que la Provincia aprueba formalmente la transferencia de la responsabilidad por pasivos, hallazgos, cuestiones y situaciones ambientales existentes en las áreas cedidas, liberando a YPF de esas obligaciones. Como contraprestación de esa liberación, Chubut renuncia a formular reclamos contra la empresa por hechos ambientales anteriores al perfeccionamiento de las cesiones, se compromete a extender esa renuncia a todos sus organismos y sociedades del Estado y asume cualquier contingencia derivada de esos conceptos.

En materia económica, YPF abonará a la Provincia una contraprestación extraordinaria de 25 millones de dólares en dos cuotas iguales de 12,5 millones. La primera deberá pagarse dentro de las 48 horas posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, una vez cumplidas las condiciones previas, mientras que la segunda quedó fijada para el 1 de octubre de 2026. Además, la empresa se comprometió a donar los bienes muebles e inmuebles detallados en un anexo, y ambas partes deberán firmar las actas de donación dentro de los 60 días de la entrada en vigencia del convenio. Entre los bienes figuran decenas de vehículos —camionetas y otros rodados— y una extensa lista de inmuebles ubicados principalmente en Comodoro Rivadavia, que incluyen clubes deportivos, edificios y dependencias públicas, predios, galpones, museos, plazas, terrenos e instalaciones diversas.

El acuerdo aclara que no entrará en vigencia hasta que la Legislatura sancione la ley aprobatoria, ésta sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial; hasta entonces ninguna de las obligaciones podrá ser exigida. Una vez cumplida esa condición y abonada la contraprestación, la Provincia declara válidas las cláusulas de los contratos de cesión que asignan la responsabilidad por los pasivos ambientales exclusivamente a las empresas cesionarias, libera a YPF de toda responsabilidad vinculada a las áreas cedidas y afirma que no tendrá más reclamos contra la empresa, sus directores ni accionistas por condiciones ambientales e instalaciones anteriores a las cesiones. Esa liberación se hará extensiva a todos los organismos y sociedades del Estado y también se aplicará al área Restinga Alí, cuya reversión ya había sido aprobada. El convenio dispone además que cualquier controversia será resuelta por los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevé la posibilidad de compensar la contraprestación con créditos líquidos y exigibles de la Provincia frente a YPF, establece exenciones de impuestos y gravámenes provinciales derivados del acuerdo e incorpora compromisos específicos en materia de ética, transparencia y anticorrupción.

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no sólo ratifica el Acta Acuerdo, sino que fija el destino de la contraprestación económica. Determina que los 25 millones de dólares deberán orientarse a obras de infraestructura, servicios públicos y necesidades prioritarias en seguridad, salud, educación, vivienda, saneamiento y desarrollo urbano en Comodoro Rivadavia. Los vehículos donados se afectarán a servicios públicos esenciales y al fortalecimiento del sistema de seguridad de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, reforzando el carácter operativo de la compensación en términos de equipamiento estatal.

Respecto de los inmuebles, la iniciativa establece que aquellos ocupados por clubes, asociaciones e instituciones que acrediten actividades de interés público deberán ser transferidos de manera definitiva mediante la correspondiente escrituración. Los restantes inmuebles se destinarán al uso público dentro del ejido de Comodoro Rivadavia y, si alguno fuera vendido por no resultar apto para ese fin, el producido de la operación deberá invertirse exclusivamente en obras para la ciudad. Finalmente, el proyecto prevé la creación de un consejo consultivo integrado por asociaciones civiles de Comodoro Rivadavia, que tendrá la función de proponer el destino de los bienes inmuebles, buscando incorporar participación social en la definición de prioridades sobre los recursos derivados del acuerdo con YPF.