Narcotest en la Justicia neuquina: controles sorpresa y sorteos semanales

El Poder Judicial de Neuquén empieza a moverse con una medida que, aunque ya estaba prevista en la normativa provincial, ahora toma forma concreta: controles toxicológicos obligatorios para quienes ocupan los cargos más altos del sistema. La decisión, aprobada por el Tribunal Superior de Justicia, incluye sorteos semanales, avisos con poca anticipación y la posibilidad de que un mismo funcionario sea testeado más de una vez en el año.

El universo alcanzado ronda las 200 personas. Allí están incluidos jueces, fiscales, defensores y también las máximas autoridades del sistema, como los vocales del TSJ, el fiscal general y la defensora general. El esquema no será esporádico ni simbólico: busca instalar una dinámica sostenida en el tiempo, con controles que no respondan a una lógica previsible.

El funcionamiento del sistema tiene varios pasos definidos. El primero es la confección de un padrón actualizado cada tres meses por el área de Gestión Humana. A partir de esa base, se realizarán los sorteos —que podrán ser mediante bolillero o sistema informático— y que estarán codificados para evitar la exposición directa de nombres durante el proceso.

Durante los primeros tres meses, el objetivo es cubrir al 25% del padrón, lo que equivale a unas 50 personas. Ese número se distribuirá en sorteos semanales. Luego, el mecanismo cambia levemente: se combinará un 20% de funcionarios que aún no hayan sido evaluados con un 5% que ya pasaron por el test, habilitando así que haya repeticiones dentro del mismo año.

En este punto aparece un actor externo: la Asociación de Magistrados. Podrá designar a un veedor o veedora para supervisar los sorteos, con la condición de mantener la confidencialidad de todo el procedimiento. La idea es sumar una instancia de control sin interferir en la reserva del proceso.

Notificación exprés y resultados inmediatos

Una vez seleccionada, la persona recibirá un correo institucional con menos de 24 horas de anticipación. No habrá margen amplio de aviso: la lógica apunta a mantener el carácter sorpresivo del control. Quien sea convocado deberá presentarse con su DNI, firmar una declaración jurada y detallar si está bajo tratamiento médico que pueda incidir en el resultado.

Los estudios se realizarán en el área de Salud Ocupacional o en dependencias del Cuerpo Médico Forense en el interior de la provincia. Según el protocolo, los resultados estarán disponibles de manera inmediata.

El costo del narcotest no será absorbido por el Estado, sino que se descontará del salario del funcionario. En caso de que el resultado sea positivo, se activará un circuito interno que incluye la notificación a Gestión Humana y la eventual aplicación de sanciones. También se contempla la posibilidad de avanzar con instancias de recuperación o acompañamiento.

Qué detectan los narcotest

Los análisis están diseñados para identificar metabolitos de distintas sustancias. Entre ellas aparecen opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, además de compuestos como MDMA, benzodiacepinas y barbitúricos.

La implementación de este esquema se inscribe dentro de una ley provincial que ya había establecido controles obligatorios y sorpresivos para funcionarios públicos. Esa norma fue reglamentada por el Ejecutivo en febrero y ahora empieza a tener aplicación concreta dentro del Poder Judicial, con un protocolo propio que define cómo, cuándo y a quiénes se testea.