Política
Milei designó al nuevo vicepresidente de la Agencia de Aministración de Bienes del Estado
El Gobierno nacional oficializó la designación del abogado Joaquín Sánchez Charró como nuevo vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). A través del Decreto 755/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el letrado asumirá la conducción secundaria del organismo en reemplazo de Bárbara Yael Pintelos, quien presentó su renuncia al cargo.
La normativa oficial formalizó la salida de la abogada Bárbara Yael Pintelos, a quien el Poder Ejecutivo le agradeció los servicios prestados durante su desempeño en la entidad. Con la llegada de Joaquín Sánchez Charró, la Casa Rosada busca imprimir una nueva dinámica a la conducción de la agencia descentralizada que funciona bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Qué hace la AABE?
Entre las principales funciones y prioridades estratégicas del organismo destacan:
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Administración del patrimonio público: Gestión, custodia y supervisión integral de todos los inmuebles y terrenos que integran el patrimonio del Estado nacional.
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Detección de activos ociosos: Relevamiento técnico de propiedades e instalaciones públicas sin uso para su eventual venta, subasta o concesión al sector privado.
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Reorganización y regularización: Ordenamiento de contratos de locación y saneamiento de títulos dominiales en manos del fisco para optimizar el gasto operativo.
El rol de la AABE en el ajuste fiscal
La Agencia de Administración de Bienes del Estado se posiciona como una pieza central dentro del esquema de reformas y reducción del gasto público impulsado por la administración libertaria. Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo trazó un plan para desprenderse de activos inmobiliarios estatales considerados prescindibles con el objetivo de recortar costos de mantenimiento y generar ingresos genuinos.
En julio, la AABE oficializó un nuevo mecanismo para acelerar la venta de activos públicos mediante la Resolución 111/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida amplió las modalidades de venta de bienes muebles y permitió incorporar plataformas electrónicas privadas para organizar remates online y participar en determinadas ventas directas.
