Política
El Gobierno activa el «per saltum» ante la Corte Suprema para destrabar la reforma laboral
Tras el freno de la Cámara del Trabajo, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa.
El Gobierno nacional formalizó la presentación de un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de levantar la suspensión que pesa sobre la reforma laboral incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta decisión técnica busca saltear las instancias intermedias de la justicia laboral, que hasta el momento han fallado sistemáticamente a favor de los amparos presentados por diversas centrales obreras.
El recurso interpuesto por el equipo jurídico del Estado sostiene que existe una «gravedad institucional» que amerita la intervención directa del máximo tribunal. El Ejecutivo argumenta que la demora en la implementación de las modificaciones laborales —que incluyen cambios en las indemnizaciones y la extensión del periodo de prueba— profundiza la parálisis en las contrataciones. Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había frenado estos artículos al considerar que no se acreditaron las razones de «necesidad y urgencia» exigidas por la Constitución para legislar por decreto.
Expectativa por la resolución de la Corte Suprema
El máximo tribunal queda ahora en una posición determinante para el futuro del programa de reformas oficialista. Si la Corte acepta tratar el per saltum, el Gobierno podría obtener una victoria política y jurídica clave que le permitiría avanzar con la flexibilización de las normas de trabajo sin esperar los tiempos habituales de la justicia ordinaria. Sin embargo, el escenario es complejo, ya que los magistrados deben evaluar si se cumplen los requisitos extraordinarios para habilitar esta vía de excepción, que suele utilizarse solo en casos de extrema trascendencia pública.
Mientras se espera una definición, el clima de tensión con los sindicatos fue escalando. Desde la CGT y las CTA advierten que el intento de forzar la vigencia de la reforma mediante un atajo judicial representa un atropello a las facultades del Congreso y a los derechos adquiridos de los trabajadores. En los despachos oficiales, sin embargo, confían en que la jurisprudencia de la Corte pueda alinearse con la mirada del Ejecutivo sobre la crisis del mercado laboral argentino y la necesidad de modernizar sus estructuras.
El resultado de esta presentación no solo afectará el ámbito laboral, sino que marcará un precedente sobre la validez del uso de herramientas excepcionales por parte del presidente Javier Milei. Un fallo favorable daría aire fresco a la gestión para avanzar con el resto de su agenda desregulatoria, mientras que un rechazo obligaría al Gobierno a buscar consensos parlamentarios para tratar cada punto de la reforma por separado.
