Política
La Corte rechazó un recurso de Milei y lo obliga a cumplir con el Financiamiento Universitario
El máximo tribunal dejó firme la cautelar que exige actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la administración de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, con el que buscaba frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Los jueces argumentaron que la apelación oficialista no se dirigía contra una sentencia definitiva, cerrando de esta manera una de las principales vías judiciales del Gobierno para eludir la normativa.
Con esta resolución, queda firmemente establecida la vigencia de la medida cautelar previa que intima al Estado Nacional a dar estricto cumplimiento a la legislación aprobada por el Congreso Nacional, la cual debió ser ratificada por el Poder Legislativo tras el veto presidencial inicial. La decisión judicial obliga de forma directa a la Casa Rosada a actualizar y recomponer los fondos destinados tanto a los programas universitarios esenciales como a los salarios del personal docente y no docente de las más de 60 universidades públicas de todo el territorio argentino.
A pesar de que el Ministerio de Capital Humano había anunciado recientemente un incremento salarial del 24,33% a distribuirse en los meses de junio y octubre tras negociaciones paritarias, el fallo de la Corte impone una exigencia sustancialmente mayor. De acuerdo con los artículos convalidados por la Justicia, el Ejecutivo se encuentra obligado a recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores del sector retroactivamente desde diciembre de 2023. Representantes gremiales advirtieron que, aun con los últimos acuerdos parciales contemplados, todavía resta un remanente cercano al 30% de aumento para saldar el desfasaje real.
El escenario abre una compleja encrucijada fiscal y política para la gestión de La Libertad Avanza, estimándose el costo global de la implementación integral de la ley en alrededor de 1,3 billones de pesos. Desde la comunidad académica y las federaciones docentes celebraron la sentencia como un triunfo histórico y el fin de los artilugios legales del oficialismo para dilatar el financiamiento, reafirmando de forma institucional el derecho a la educación pública y la urgente necesidad de frenar el deterioro de los ingresos en el ámbito educativo superior.
