Política
Milei habilitó a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peajes
¿Un guiño a los gobernadores aliados?
Nueve provincias podrán licitar obras y mantenimiento sobre rutas nacionales
A través del Decreto 253/2026, publicado el 17 de abril en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus territorios.
La norma faculta a esas jurisdicciones a avanzar con la documentación licitatoria, hacer convocatorias, desarrollar los procedimientos de selección, adjudicar y firmar contratos con sociedades privadas o mixtas o con entes públicos. El movimiento forma parte de una estrategia oficial de descentralización sobre infraestructura vial, aunque bajo un esquema regulado desde la Nación. De esta manera, Nación se corre de la responsabilidad de mantener las rutas nacionales pero faculta a nueve provincias a licitar sus tramos.
Por otra parte, mantiene la desinversión en el resto de las provincias mientras les impide intervenir, como sucede con la provincia de Buenos Aires.
La Nación conserva el dominio y la jurisdicción
El decreto deja expresamente establecido que la delegación es “funcional, limitada, temporal y revocable” y que no implica la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados. Es decir, las provincias podrán gestionar y concesionar, pero las rutas seguirán siendo nacionales.
Ese punto no es menor. La Casa Rosada busca mostrar una cesión de funciones operativas sin resignar el mando jurídico sobre una red estratégica para el transporte interjurisdiccional. En otras palabras, el Gobierno descarga parte del costo de gestión, pero mantiene la propiedad política e institucional del sistema vial nacional.
Los convenios con Vialidad serán la llave del nuevo esquema
Para que la delegación entre en funcionamiento, cada provincia deberá firmar un convenio específico con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos deberán identificarse los tramos concretos alcanzados, el plazo de la delegación, el régimen de supervisión y auditoría, y también la obligación provincial de mantener indemne al Estado nacional ante eventuales reclamos administrativos, judiciales o extrajudiciales vinculados con la ejecución del convenio.
Además, Vialidad exigirá a las provincias la presentación de un plan de obras, un cronograma de ejecución, la fuente de financiamiento, las condiciones económicas de la concesión, el detalle del peaje máximo proyectado y los borradores de la documentación licitatoria y contractual. Luego deberá evaluar la viabilidad técnica y económica de cada propuesta.
