Neuquén
SEJUN cerró la paritaria judicial tras meses de tensión y ahora define la Legislatura
El gremio aceptó la oferta del Tribunal Superior con ajustes por inflación, bonos y extras. Aunque la consideraron limitada, la votación inclinó la balanza hacia el cierre del conflicto.
Tras varios meses de conflicto, asambleas y medidas de fuerza, el gremio SEJUN decidió aceptar la propuesta del Tribunal Superior de Justicia y encaminar el cierre de la paritaria. Ahora, el acuerdo deberá pasar por la Legislatura provincial para quedar formalmente aprobado.
La votación se resolvió en plenario, donde la mayoría optó por dar el visto bueno a una oferta que, si bien no conformó plenamente, fue considerada suficiente para destrabar una discusión que llevaba demasiado tiempo abierta. El entendimiento incluye una actualización salarial atada a la inflación durante todo 2026 y se extiende hasta enero de 2027, en línea con otros acuerdos del sector público.
El eje central del acuerdo es la aplicación de incrementos trimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las actualizaciones se aplicarán en abril, julio y octubre de 2026, con una última revisión en enero del año siguiente. Este mecanismo busca evitar el atraso frente a la inflación, una de las principales preocupaciones del sector.
Además, se incorporaron bonos extraordinarios que se pagarán en distintos momentos del año. Dos de ellos ya tienen fecha definida —abril y septiembre— mientras que otros montos todavía deben precisarse. A esto se suma una asignación adicional que se abonará en cuotas y que también estará sujeta a la evolución inflacionaria.
El acuerdo incluye también otros puntos que habían sido parte del reclamo: una ayuda escolar extraordinaria y un monto específico destinado a capacitación, especialmente orientado a la modernización y mejora de los procesos judiciales.
Un cierre con matices y compromisos pendientes
Desde el gremio reconocieron que la propuesta no cubre todas las expectativas, pero destacaron que permitió encontrar una salida en un contexto complejo. El secretario general, Santiago Alonso, planteó que la oferta es “insuficiente”, aunque señaló que hubo consenso en la necesidad de avanzar hacia un cierre.
En paralelo, el Tribunal Superior asumió compromisos que van más allá de lo estrictamente salarial. Entre ellos, la revisión de la planta de personal, los concursos internos y la continuidad de mesas técnicas vinculadas al convenio colectivo de trabajo.
Otro punto que pesó en la decisión fue la inclusión de jubilados y jubiladas judiciales dentro de los beneficios extraordinarios, algo que venía siendo reclamado desde hace tiempo.
El acuerdo también contempla una cláusula que deja abierta la posibilidad de reabrir la discusión salarial si otros gremios estatales logran mejoras adicionales en lo que resta del año. Esto introduce un margen de flexibilidad en un escenario económico que sigue siendo incierto.
