Nadia Márquez negó el envío de preservativos vencidos y pidió un sumario por la denuncia

La intervención de Nadia Márquez se produjo a partir de las declaraciones de Jésica Benítez, enfermera del Hospital Bouquet Roldán, quien aseguró en una entrevista con LU5 que el Ministerio de Salud de la Nación enviaba preservativos vencidos a las provincias o, en algunos casos, no los remitía en absoluto. La senadora tomó esos dichos como un hecho grave en materia de salud pública y puso el foco en el impacto que pueden tener sobre la confianza de la población en las políticas de prevención y en el uso de insumos básicos como el preservativo.

Tras conocer la denuncia, Márquez se comunicó con el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, quien —según la versión de la legisladora— le confirmó que lo expresado por la enfermera no coincidía con los registros oficiales y que la información era falsa. Sobre esa base, la senadora afirmó que “con la salud no se juega” y sostuvo que cualquier comunicación en temas sensibles debe apoyarse en datos verificables, porque una acusación de este tipo puede generar miedo, desinformación y desalentar el uso de un elemento fundamental para la prevención.

La legisladora planteó que la difusión de información que considera incorrecta en el ámbito de la salud pública requiere una respuesta institucional. Por eso señaló que queda a la espera de la apertura de un sumario que permita determinar responsabilidades y adoptar medidas para que hechos similares no se repitan. En su discurso, vinculó ese eventual proceso administrativo con la necesidad de garantizar que la información dirigida a la ciudadanía sea seria, responsable y contrastada, especialmente cuando puede afectar la tranquilidad social y la continuidad de las estrategias de prevención.

Para respaldar su postura, Márquez difundió documentación del Ministerio de Salud de la Nación, elaborada por el área de Aseguramiento y Monitoreo de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva. Según esos registros, durante 2026 se enviaron a Neuquén preservativos peneanos con fecha de vencimiento en 2030, en una serie de entregas realizadas en enero, dos despachos en abril y cuatro en junio, que totalizan 79.488 unidades. La senadora presentó esos datos como evidencia de que los insumos distribuidos se encontraban dentro de los plazos de vigencia y en condiciones adecuadas, en contraste con lo denunciado públicamente.

Márquez cerró su intervención remarcando que “los datos están y se pueden controlar” y que la obligación de las autoridades frente a una acusación de esta magnitud es aportar información clara para llevar tranquilidad a la población. Al mismo tiempo, el episodio deja planteado un punto de tensión: mientras la senadora reclama responsabilidad y verificación previa en las denuncias sanitarias, el llamado a un sumario sobre una trabajadora que cuestionó la provisión de insumos abre el debate sobre cómo compatibilizar el derecho a señalar problemas en el sistema de salud con la exigencia de rigor y pruebas antes de trasladarlos al espacio público.