Política
Cancillería repudió la visita oficial de la princesa Ana a las Islas Malvinas y la calificó como una «provocación»
El Gobierno nacional cuestionó la presencia de la hermana del rey Carlos III en el archipiélago.
El Gobierno nacional expresó este martes su rechazo a la visita oficial que la princesa Ana Windsor —hermana del rey Carlos III del Reino Unido— realiza en las Islas Malvinas desde el pasado 9 de noviembre junto a su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence. A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería argentina, la administración nacional calificó la presencia de la integrante de la familia real británica y su recorrido por el complejo militar RAF Mount Pleasant como «una provocación» desarrollada «en el marco de la ocupación ilegal británica de los archipiélagos y los espacios marítimos circundantes».

En el pronunciamiento diplomático, el Palacio San Martín vinculó el despliegue británico con la avanzada unilateral del Reino Unido en materia energética mediante el otorgamiento de licencias ilegítimas de exploración petrolera en la cuenca norte del archipiélago. Al respecto, el texto recordó que la Argentina inició un proceso de arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y reclamó medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para frenar las perforaciones previstas del proyecto Sea Lion, antes de concluir con un llamado a Londres para que «cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial».

La reacción oficial se produjo pocas horas después de que el bloque de senadores del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires presentara un proyecto de resolución, impulsado por el legislador Sergio Berni, para declarar a la princesa Ana como «persona no grata» en territorio bonaerense. En su iniciativa, la bancada opositora repudió las actividades de la Corona británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur por considerarlas «una afrenta a la Constitución Nacional y a la memoria de los caídos en la gesta de Malvinas», ratificando el reclamo irrenunciable de soberanía sobre los espacios insulares y marítimos del Atlántico Sur.






