boca de pozo
Argentina presentó ante el Tribunal del Mar una solicitud para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas
De tomar el caso, el el TIDM no va a pronunciarse sobre la soberanía de Malvinas, sino sobre si el Reino Unido puede autorizar la explotación de hidrocarburos.
El plazo de dos semanas que el Gobierno de Javier Milei le había dado para detener las actividades petroleras en la plataforma continental argentina venció sin respuesta, y este martes 13 de octubre la Oficina del Presidente anunció que la Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El artículo 290, inciso 5 de esa convención permite a cualquiera de las partes pedir al TIDM medidas provisionales mientras el tribunal arbitral se constituye, si la urgencia de la situación lo requiere.
El canciller Pablo Quirno definió el paso como el primero en que la Argentina somete a un tribunal internacional la disputa por las actividades unilaterales británicas de explotación de hidrocarburos. El comunicado firmado por Milei remarca que la solicitud “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
Sea Lion, el proyecto en el centro del litigio
El blanco concreto es Sea Lion, un yacimiento ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas, operado por Navitas Petroleum (65%, israelí) y Rockhopper Exploration (35%, británica). Las empresas apuntan a iniciar perforaciones de desarrollo a comienzos de 2027 y a producir desde 2028, con una primera etapa de 55.000 barriles diarios que podría escalar hasta 125.000.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, calificó las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” y sostuvo que Navitas opera con licencias válidas emitidas por el gobierno de las islas.
Los límites del TIDM
El TIDM no resolverá la disputa de soberanía sobre las Malvinas, sino cuestiones estrictamente vinculadas al derecho del mar: la jurisdicción sobre la plataforma continental y los recursos que contiene. El procedimiento lo conduce la Consejería Legal de la Cancillería, con participación del embajador Mario Oyarzábal.
El comunicado oficial, firmado por Milei, cierra con la fórmula de posición de Estado: “Las Malvinas son argentinas”.
Qué es el TIDM
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fue creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, aunque comenzó a funcionar formalmente recién en octubre de 1996, dos años después de que la Convención entrara en vigor. Tiene sede en Hamburgo, Alemania (ciudad designada desde 1981, por lo que también se lo conoce como Tribunal de Hamburgo) y está integrado por 21 jueces independientes con mandatos de nueve años, renovados por tercios.
Su primera causa fue el caso del buque Saiga, presentada en noviembre de 1997. En casi tres décadas de funcionamiento, el tribunal resolvió alrededor de 27 casos, una cifra baja que los especialistas atribuyen en parte al forum shopping: los Estados suelen preferir la Corte Internacional de Justicia u otros mecanismos arbitrales.
Su competencia se limita a cuestiones vinculadas con la interpretación y aplicación de la CONVEMAR. No resuelve disputas de soberanía territorial, que están fuera de su alcance, sino cuestiones de derecho del mar: derechos sobre la plataforma continental, zona económica exclusiva, recursos naturales y navegación.
En el caso de las Malvinas, eso significa que el TIDM no va a pronunciarse sobre quién tiene soberanía sobre las islas, sino sobre si el Reino Unido puede autorizar unilateralmente la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que Argentina también reivindica como propia.
