Quintriqueo se plantó contra la baja de la edad de punibilidad

La discusión por la baja de la edad de punibilidad volvió a instalarse con fuerza en el Congreso y, en ese contexto, Más por Neuquén fijó una postura clara: rechazo a la iniciativa y respaldo al esquema vigente en la provincia. El espacio político remarcó que Neuquén ya cuenta con una herramienta legal propia —la Ley 2302— que, según sostienen, prioriza la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes antes que las respuestas punitivas.

Desde el sector referenciado en Carlos Quintriqueo plantearon que reducir la edad de imputabilidad no ataca el problema de fondo de la inseguridad y puede terminar trasladando la responsabilidad del Estado hacia los sectores más vulnerables. En esa línea, insistieron en que el debate debe darse con una mirada integral y contemplando la experiencia provincial.

La Ley 2302 como punto de referencia

En su posicionamiento, Más por Neuquén puso el foco en la Ley 2302, sancionada en la provincia como marco de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. La norma se encuentra alineada con la Convención sobre los Derechos del Niño y con estándares constitucionales en materia de derechos humanos.

Según indicaron desde el espacio, el espíritu de la legislación neuquina no se limita a intervenir cuando ya existe un conflicto penal, sino que propone políticas de prevención, acompañamiento y restitución de derechos. La idea central, explicaron, es fortalecer la red de contención antes de que las situaciones escalen.

La contadora Amancay Audisio, ex candidata a diputada por el espacio, expresó públicamente su rechazo a la baja de la edad de punibilidad y destacó que la provincia cuenta con una ley “clara y pionera”. En sus declaraciones sostuvo que avanzar en una reducción de la edad no resolvería la inseguridad y, por el contrario, podría profundizar desigualdades y generar mayor estigmatización.

El debate de fondo: seguridad y políticas públicas

El planteo de Más por Neuquén se inscribe en una discusión más amplia que atraviesa al país: cómo abordar los hechos delictivos que involucran a menores de edad. Mientras el proyecto nacional propone endurecer el régimen penal juvenil, desde el espacio provincial remarcan que la respuesta no puede centrarse exclusivamente en el castigo.

Audisio sintetizó esa mirada en una frase que resume la postura del sector: “Más castigo no es más seguridad”. Desde esa perspectiva, consideran que el eje debería estar puesto en ampliar la cobertura educativa, reforzar dispositivos de contención social y fortalecer la presencia del Estado en los barrios.

El espacio también planteó que el debate parlamentario debería contemplar las experiencias provinciales que ya trabajan bajo modelos de protección integral. En ese sentido, entienden que Neuquén puede aportar una referencia concreta a la discusión nacional, a partir de la implementación de la Ley 2302.

Más allá de las posiciones encontradas, lo cierto es que la baja de la edad de punibilidad vuelve a tensionar miradas sobre seguridad, responsabilidad penal y rol del Estado. En Neuquén, al menos, el debate ya tiene un antecedente propio: un marco legal que apuesta a la prevención y al acompañamiento como pilares centrales.

Desde Más por Neuquén insisten en que la discusión no debería reducirse a una dicotomía entre mano dura o impunidad, sino ampliarse hacia políticas públicas que apunten a la inclusión y a la igualdad de oportunidades. Para el espacio, defender la normativa provincial también implica sostener una determinada concepción sobre cómo abordar la conflictividad social en las infancias y adolescencias.