Patagonia
Fuerte conflicto entre Nación y Tierra del Fuego por la intervención del puerto de Ushuaia
Nación intervino el puerto y el gobernador Melella irá a la justicia.
El Gobierno nacional resolvió intervenir el puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, al argumentar riesgos operativos y de seguridad derivados del deterioro de la infraestructura, presuntas irregularidades administrativas y desvíos de fondos. La decisión generó un inmediato rechazo del Ejecutivo fueguino, que denunció una avanzada arbitraria sobre la autonomía provincial y anticipó posibles acciones judiciales.
La medida fue oficializada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), firmada el martes, que ordenó la suspensión de la habilitación y la asunción del control federal del principal puerto de Tierra del Fuego.
Qué observó la Nación para justificar la intervención
Según el informe técnico de la ANPYN, el puerto presenta múltiples deficiencias estructurales y de seguridad. Entre los principales puntos señalados figuran:
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Faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle.
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Defensas deterioradas y problemas en el tablestacado.
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Deficiencias en la carpeta asfáltica.
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Falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.
A esto se sumaron observaciones críticas sobre la gestión administrativa y financiera, con la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras. El organismo también cuestionó que parte de esas tareas hubiera sido tercerizada en una empresa habilitada para actividades comerciales sin relación con la administración portuaria.
Otro eje del informe apuntó contra la ley provincial N.º 1596, que crea un fondo para cubrir deudas de la obra social estatal (OSEF) con parte del superávit portuario. Para el Gobierno nacional, esa norma podría comprometer la autonomía financiera y la capacidad de inversión de la Dirección Provincial de Puertos.
Melella rechazó la medida y defendió la operatoria del puerto
El gobernador Gustavo Melella cuestionó con dureza la intervención y sostuvo que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. Aseguró que el puerto funciona con normalidad y atraviesa una temporada récord de recaladas de buques y cruceros.
“El puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios. Las principales navieras del mundo siguen eligiendo Ushuaia”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.
Melella informó que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, para intentar una salida institucional que preserve el normal funcionamiento de la terminal portuaria y dé previsibilidad a los sectores productivos y turísticos.
La provincia denunció una notificación irregular y evalúa ir a la Justicia
Desde el Gobierno fueguino advirtieron que la resolución fue notificada mediante un mensaje de WhatsApp, pasada la medianoche, cuando aún estaba vigente el plazo para realizar descargos administrativos.
El secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossato, explicó que la Provincia venía cumpliendo con los requerimientos del expediente y denunció una violación al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de proporcionalidad.
“Estamos hablando de una suspensión total por 12 meses sin una evaluación técnica concluyente ni posibilidad de ejercer defensa”, remarcó.
Además, señaló que no se informó quién será la autoridad responsable de la intervención y alertó sobre un limbo jurídico respecto a la administración de recursos, sueldos, seguros y tasas portuarias.
Fossato confirmó que el Ejecutivo provincial analiza presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, por considerar que la medida vulnera competencias transferidas a la provincia desde hace décadas y sienta un precedente peligroso para el federalismo.
Críticas por un uso político de la intervención
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, advirtió que no permitirá que se utilicen “falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”. Según planteó, la amenaza de inhabilitación sería una herramienta de presión política y no una decisión basada en criterios de seguridad reales.
Desde la Provincia también aclararon que no se transfirió ningún fondo del puerto a la obra social, como sostuvo la Nación, y que los plazos administrativos para responder a las observaciones aún no habían vencido.
Un nuevo foco de tensión entre Nación y las provincias
La intervención del puerto de Ushuaia abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y una provincia patagónica, en un contexto donde el Ejecutivo libertario impulsa una fuerte recentralización de decisiones estratégicas.
Mientras la Nación sostiene que busca garantizar la seguridad operativa y la transparencia, Tierra del Fuego denuncia un avance sobre su autonomía, una decisión intempestiva y una grave afectación institucional, con impacto directo en una infraestructura relevante para el turismo, la logística y la economía regional.
