Otro sacudón en el Frente de Todos

La Dra. María Carolina Pandolfi, a cargo del Juzgado Federal 1 de Neuquén hizo lugar a una impugnación presentada por Patricia Torres y de esta manera declaró la nulidad de seis reuniones del Consejo Partidario de Nuevo Encuentro, la convocatoria a elecciones de autoridades, las elecciones y la nulidad de 477 fichas de afiliación.

Como si le faltaran problemas al Frente de Todos neuquino, por estas horas se conoció una resolución judicial fechada el 25 de octubre, en la que la jueza Pandolfi resolvió en favor de una demanda de nulidad impulsada por Patricia Torres, integrante de Nuevo Encuentro.

Entre los considerandos de la resolución judicial, se destaca la realización de una pericia caligráfica, con la que se probó la falsificación de las firmas de actas labradas durante una serie de encuentros del Consejo Partidario que se habrían realizado a espaldas de algunos de sus integrantes.

Con el detalle de que, para validar las decisiones, falsificaron las firmas.

Si bien la decisión pude ser apelada, el partido queda en una situación institucional de enorme delicadeza, ya que la celebración del proceso de selección de autoridades realizado en diciembre de 2021 fue declarado nulo, de modo que el partido no tiene autoridades formales y está sumido en una fuerte interna que se termina dirimiendo en el peor lugar: los tribunales.

El conflicto que implosionó a Nuevo Encuentro supone una nueva tempestad sobre el castigado Frente de Todos.

Si bien el peso específico del partido que a nivel nacional se referencia con Martín Sabatella es limitado, algunos analistas sugerían por estas horas que, al igual que Kolina, la expresión local del partido está sujeta a decisiones que se toman en el máximo nivel político.

De esa manera, podía esperarse que las autoridades locales se autolimiten a la hora de cerrar acuerdos tácticos con expresiones de la política provincial, y en cambio privilegien fortalecer el sello de Frente de Todos.

La decisión de la jueza Carolina Pandolfi también golpea el prestigio de una expresión de la política que normalmente busca mostrar mayor grado de pureza ideológica y mejores modales que los dirigentes que abrevan en las tradiciones políticas históricas.

Pero la denuncia por falsificación de firmas abre dos frentes: por una parte es un delito que excede las normas de la administración interna del partido y encuentra a sus máximos dirigentes con la corbata floja; por otra, expone deficiencias en la conducción, que se encuentran bajo el frío fuego tribunalicio por acción de sus propios afiliados.