Política
Judicializan la venta de medicamentos online: el gremio de farmacéuticos denunció a Sturzenegger
El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos recurrió a la justicia penal contra el ministro de Desregulación.
El conflicto entre el sector farmacéutico y el Gobierno nacional escaló hacia el terreno judicial. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), conducido por Marcelo Peretta, formalizó una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al tiempo que volvió a exigir su inmediata renuncia. La presentación judicial responde al agresivo reimpulso oficial para habilitar y promover la venta de medicamentos a través de plataformas de comercio electrónico y fuera de las farmacias tradicionales, una política que el gremio considera una afrenta directa a la salud pública y a la normativa legal vigente.
La principal argumentación de la entidad sindical radica en que la comercialización digital de fármacos e insumos médicos se encuentra estrictamente prohibida por los tribunales. El SAFYB recordó que oportunamente interpuso una medida cautelar que logró suspender los efectos desreguladores del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 en materia farmacéutica. Al estar la medida frenada en los tribunales a la espera de una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema, los representantes de los trabajadores sostienen que la insistencia del funcionario en abrir este canal de ventas constituye un delito de desobediencia judicial y un claro abuso de autoridad.

Más allá del plano estrictamente legal, la denuncia penal alerta sobre el «alto riesgo sanitario» que representa la falta de control técnico en las transacciones virtuales. Según expuso el gremio, distintas plataformas digitales operan actualmente con total normalidad ofreciendo medicamentos altamente sensibles y de uso controlado, tales como ansiolíticos (clonazepam y alprazolam), antibióticos, anticonvulsivos e hipotensores, prescindiendo de la obligatoria intermediación y supervisión de un profesional farmacéutico. Esta situación, advierten, no solo fomenta la automedicación peligrosa y el comercio de productos potencialmente adulterados, sino que desprotege por completo a los pacientes en su condición de consumidores vulnerables.
Además, el sindicato denunció la existencia de un multimillonario circuito comercial que se desarrolla en los márgenes de la legalidad y que beneficia de manera concentrada a grandes laboratorios y corporaciones de comercio electrónico. Un informe interno elaborado por el propio SAFYB reveló cifras de facturación exorbitantes en internet; a modo de ejemplo, se señaló que drogas de consumo masivo como la atorvastatina, el enalapril y tratamientos específicos para la diabetes y el descenso de peso mueven decenas de miles de millones de pesos mensuales en la red. Para el gremio, este esquema genera una distorsión de precios alarmante donde las farmacias tradicionales pierden sustentabilidad frente al avance corporativo.
Con esta ofensiva judicial y gremial, los farmacéuticos y bioquímicos buscan frenar lo que denominan una «anarquía sanitaria» propiciada desde los despachos oficiales. La pulseada vuelve tensionar la relación entre los sindicatos del sector salud y el Poder Ejecutivo, que defiende la desregulación bajo las premisas de fomentar la libre competencia y abaratar los costos para los usuarios. En los próximos días, la justicia penal deberá determinar el curso de la presentación contra el ministro.



