El Gobierno reactiva el Congreso con proyectos sobre ludopatía, etiquetado frontal, «lobby» y un «Súper RIGI»

El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley con el propósito de dinamizar la actividad parlamentaria y poner en debate temas de orden regulatorio, fiscal y social. La estrategia oficialista contempla una división de las iniciativas entre ambas cámaras: mientras que al Senado ingresaron las propuestas para combatir la ludopatía infantil y derogar la actual Ley de Etiquetado Frontal, la Cámara de Diputados recibió los textos referidos a la regulación de la gestión de intereses (conocida como «ley de Lobby») y la creación de un nuevo «Súper RIGI» enfocado en inversiones tecnológicas y digitales estratégicas.

El proyecto de Ley de Ludopatía apunta principalmente a combatir las plataformas ilegales de apuestas online para proteger a los menores de edad. La iniciativa propone incorporar el artículo 301 ter al Código Penal, imponiendo penas de dos a cuatro años de prisión a quienes faciliten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios esenciales para el funcionamiento de sitios de juego no autorizados, y delega en el Ministerio de Salud la prevención de esta problemática. Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos inmediatos; el diputado Maximiliano Ferraro acusó al Gobierno de ceder ante las corporaciones del sector, señalando que la ley solo persigue el juego clandestino y desatiende el negocio de las empresas de apuestas legalmente habilitadas.

Por otra parte, el oficialismo busca la derogación total de la actual Ley de Etiquetado Frontal (sancionada en 2021), la cual obliga a colocar octógonos negros de advertencia en los envases de alimentos y bebidas. El argumento plasmado por la Casa Rosada en el texto sostiene que la normativa vigente debe ser reemplazada por un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances nutricionales. Según el Poder Ejecutivo, el nuevo marco legal intentará compatibilizar de manera adecuada el derecho a la salud pública y el acceso a la información objetiva con el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales del sector empresarial.

Proyectos de la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, el debate económico estará centrado en el denominado «Súper RIGI» (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Esta medida establece prioridades y otorga ambiciosos beneficios fiscales a «nuevas actividades económicas» de carácter industrial, tecnológico o de infraestructura digital estratégica que tengan un impacto transformador y que hoy posean un desarrollo experimental en el país. El proyecto contempla un severo recorte impositivo para las empresas que adhieran, incluyendo una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de bienes, libre deducción de quebrantos y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales de los nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, el paquete se completa con la «ley de Lobby», formalmente denominada ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, orientada a registrar y visibilizar a quienes intentan influir sobre las decisiones públicas y los funcionarios estatales. El proyecto propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses bajo la órbita del Ejecutivo. Toda esta ofensiva legislativa ya cosechó rechazos de legisladores opositores como Esteban Paulón, quien criticó la contradicción de enviar una ley de transparencia en paralelo a un «Súper RIGI» que calificó como un «lobby directo» para beneficiar a magnates tecnológicos extranjeros vinculados al oficialismo.