Política
Sturzenegger en la mira: un alquiler millonario y contratos vinculados a su esposa
El ministro enfrenta cuestionamientos por un alquiler de oficinas por $720 millones y por una adjudicación vinculada a su esposa.
Durante el fin de semana largo, dos denuncias pusieron en el centro de la escena a Federico Sturzenegger. Por un lado, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a su cargo, avanzó con la contratación del alquiler de oficinas por más de 700 millones de pesos, según reveló la agencia Noticias Argentinas. Por el otro, la Cancillería adjudicó un contrato millonario a a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) dirigida por la esposa del ministro. Los dos contratos millonarios ponen en la mira al ministro desregulador y al gobierno libertario que construye su identidad sobre la reducción del gasto del Estado.
El alquiler de las oficinas
De acuerdo con la documentación del expediente, la contratación de los alquileres se tramitó mediante adjudicación simple y se presentó una sola oferta: la de OTOBA S.A., finalmente recomendada por resultar “admisible y económicamente conveniente”. La orden de compra quedó firmada por Sturzenegger el 30 de noviembre de 2025. El precio mensual por cada piso asciende a $15 millones, lo que implica un gasto total de $720 millones, equivalentes a unos USD 480.000 según los parámetros del propio expediente.
Las oficinas están ubicadas en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 y ocuparán cuatro pisos de 1.000 m² cada uno, con seis cocheras por nivel. El Tribunal de Tasación de la Nación fijó un canon locativo mensual de $60 millones para el paquete completo. Sin embargo, el pliego deja afuera expensas ordinarias, servicios y consumos que quedarán a cargo del Estado, por lo que el costo real podría superar ampliamente la cifra publicada.
Choque interno por la política de “Alquiler Cero”
La operación se inscribe en una tensión interna dentro del propio Gobierno. El expediente menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que insta a cumplir con el programa “Alquiler Cero”, diseñado para evitar nuevas erogaciones y priorizar la relocalización en inmuebles estatales. Mientras tanto, áreas como la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, han difundido recortes y cancelaciones de alquileres como parte de la política de ajuste.
Otra polémica: un contrato ligado a la esposa de Sturzenegger
La revelación del alquiler millonario se da días después de que estallara otra controversia: la Cancillería adjudicó un contrato por más de $100 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger. La información derivó en una denuncia penal presentada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal por presunta omisión de publicación obligatoria en la web de la Oficina Anticorrupción (OA).
Los denunciantes, integrantes del espacio Reset Republicano, piden investigar tanto al ministro como a Rouillet. Según el escrito, la disposición 21/2026 de Cancillería adjudicó a la AACI una contratación por $114.044.133 para cursos de inglés en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. La propia disposición reconocía un “vínculo positivo” entre la directiva adjudicataria y el funcionario, activando los mecanismos previstos en el Decreto 202/2017: comunicación a OA y SIGEN, firma de un Pacto de Integridad y publicación de las actuaciones.
Acusaciones por falta de transparencia
Los denunciantes sostienen que, al consultar el buscador de la OA, no figuraba información sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso, lo que consideran una omisión “clave” para garantizar transparencia. En su presentación, encuadran los hechos en posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. También señalan un antecedente de 2024, cuando habría existido otro contrato entre las mismas partes, y piden verificar si se actualizó la declaración jurada correspondiente.
Una doble presión que crece
La polémica en torno a la Cancillería —hoy bajo la conducción de Pablo Quirno— expone un nuevo frente de conflicto para el Gobierno, que intenta sostener la bandera de la austeridad al tiempo que enfrenta cuestionamientos sobre prácticas administrativas. En paralelo, la operación de alquiler encabezada por Sturzenegger abre otra grieta dentro del oficialismo y alimenta sospechas sobre eventuales inconsistencias entre el discurso y las decisiones.
Con dos expedientes sensibles sobre la mesa y una denuncia penal en curso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado atraviesa un momento complicado y deja expuesto a un Gobierno que construye su identidad sobre la reducción del Estado y que, al mismo tiempo, vuelve a quedar atravesado por opacidades en el uso de recursos públicos.
