Política
El oficialismo consiguió la media sanción en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años
Con amplio respaldo opositor, el oficialismo logró la media sanción del proyecto que ahora deberá debatirse en el Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma del régimen penal juvenil, una iniciativa clave para el oficialismo que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Con 149 votos afirmativos y cien negativos, La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sus aliados tradicionales y de bloques como Provincias Unidas, lo que permitió activar un debate que venía trabado desde el inicio del año parlamentario. El expediente será enviado al Senado, donde se anticipa una discusión igualmente intensa.
El oficialismo cedió en su propuesta original de fijar la imputabilidad desde los 13 años para asegurar apoyos. Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, destacó que “el consenso del Congreso ha establecido 14 años” y celebró que las diferencias políticas se saldaran “con votos y no con piedras en la calle”. El texto aprobado crea un régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años involucrados en delitos contemplados por el Código Penal.
Desde Unión por la Patria, que presentó dos dictámenes de minoría, cuestionaron la falta de políticas de acompañamiento social. Germán Martínez criticó que el proyecto no incluya medidas ligadas a educación, inclusión o fortalecimiento comunitario. El peronismo anticipó que la iniciativa “se va a judicializar”. También votaron en contra el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca y legisladores como Jorge “Gato” Fernández y Natalia De la Sota.
Otro de los puntos de discusión fue el financiamiento. Si bien provincias como las que integran Provincias Unidas no objetaron la edad acordada, advirtieron que el dictamen no detalla cómo se sostendrá económicamente la implementación del nuevo régimen. Propusieron incorporar un artículo para que el Ministerio de Justicia transfiera fondos, pero LLA no aceptó los cambios.
El proyecto prevé un presupuesto superior a los 23 mil millones de pesos, con partidas provenientes del Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Además, habilita a las provincias a firmar convenios para su aplicación. En cuanto a las sanciones, se establecen penas de tres a diez años, además de medidas alternativas como servicio comunitario, monitoreo electrónico o distintos tipos de privación de la libertad en institutos especializados o en el domicilio.
