Política
Ofensiva libertaria en el Congreso: Milei apuesta al verano para imponer su programa
El Gobierno prepara un paquete con reformas que tensan al máximo la relación con sindicatos, provincias y organizaciones sociales.
Con el Presupuesto 2026 ya aprobado, el gobierno libertario de Javier Milei no va a bajar el ritmo. Por el contrario, el oficialismo se prepara para una segunda ofensiva legislativa que buscará aprovechar el receso parlamentario y volver a escena a fines de enero o principios de febrero con el núcleo duro de su programa económico y político. La estrategia es avanzar rápido, con menor margen de reacción de la oposición, y convertir el verano en un campo de disputa clave para consolidar el ajuste.
La agenda de las sesiones extraordinarias incluye cuatro ejes altamente conflictivos: la reforma laboral, el nuevo régimen penal, la modificación de la Ley de Glaciares y el denominado Compromiso Fiscal. La reforma laboral aparece como la “madre de todas las batallas” del modelo libertario.
Tras el traspié de diciembre en el Senado —que expuso el primer revés serio de Patricia Bullrich en la Cámara Alta y la falta de control político de Victoria Villarruel— el oficialismo volverá a la carga sin intención de ceder. El proyecto apunta a redefinir las relaciones de trabajo, con impacto incluso sobre contratos vigentes mediante medidas como la extensión del período de prueba, la eliminación de multas por empleo no registrado y un esquema de indemnizaciones que reduce el costo de despido para las empresas.
Mano dura y protesta social en la mira
Otro foco de fuerte polémica será la reforma del Código Penal, impulsada por Bullrich bajo el lema “el que las hace, las paga”. El paquete endurece penas para delitos callejeros, baja la edad de imputabilidad y, sobre todo, busca criminalizar la protesta social al tipificar como delito los cortes de ruta y las manifestaciones que afecten la circulación. Aunque presentada cuando Bullrich aún era ministra de Seguridad, la iniciativa será defendida por los legisladores de La Libertad Avanza, que apuestan a capitalizar el discurso de la inseguridad. Organismos de derechos humanos ya advirtieron que el proyecto roza la inconstitucionalidad y habilita un marco legal para la represión.
En el plano ambiental, el Gobierno insistirá con la modificación de la Ley de Glaciares, una reforma alineada con los intereses de las grandes mineras transnacionales. El cambio habilitaría la actividad económica en zonas periglaciares hoy protegidas, poniendo en riesgo reservas estratégicas de agua dulce. Las asambleas ambientales ya anticiparon una fuerte resistencia y advierten que el Congreso podría convertirse en el escenario de una nueva avanzada sobre los recursos naturales bajo la lógica extractivista del modelo libertario.
El ajuste, ahora también para las provincias
El cuarto eje es el Compromiso Fiscal, una herramienta con la que Milei y Luis Caputo buscan trasladar el ajuste a las provincias. Detrás del nombre técnico se esconde la intención de condicionar el envío de fondos coparticipables y discrecionales al alineamiento de los gobernadores con el déficit cero. La amenaza de sanciones judiciales y administrativas marca un giro coercitivo en la relación Nación-provincias. Febrero será decisivo: allí se definirá si el ajuste se federaliza por imposición o si la resistencia del interior logra ponerle un límite político a la motosierra.
