Promesas sobre el bidet: Milei frena los aumentos a empleados de Comercio y le dice adiós a las paritarias libres

El Gobierno nacional decidió pisar los aumentos salariales acordados entre el gremio de Comercio y las cámaras empresarias, revelando una intervención directa en paritarias que contrasta con las promesas de “libertad total” hechas por Javier Milei en campaña. El caso impacta a más de 1,2 millones de trabajadores y exhibe una nueva faceta del modelo económico libertario: el control sobre los sueldos como herramienta para enfriar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En concreto, el conflicto se desató cuando el Ministerio de Capital Humano por orden la cartera de Economía, encabezada por Luis Caputo, se negó a homologar el último acuerdo firmado por la Federación de Empleados de Comercio (FAECYS), que contemplaba una suba total del 5,4% entre abril y junio, además de sumas fijas no remunerativas. La decisión dejó a miles de trabajadores sin aumento, en un contexto donde los salarios del sector ya están entre los más bajos del país.

Pese al acuerdo firmado entre el gremio liderado por Armando Cavalieri y entidades como la CAC, CAME y UDECA, el Gobierno convocó nuevamente a las partes para forzar un entendimiento con subas más cercanas al 1% mensual. La presión oficial no sólo tensó al sindicato, sino que abrió una interna en el sector empresario, especialmente con los supermercados y mayoristas que se resisten a pagar sin la aprobación oficial.

Las presiones de Caputo y la interna empresaria

La jugada libertaria puso en una posición incómoda incluso a los empresarios que simpatizan con Milei. Natalio Grinman, presidente de la CAC y firmante del acuerdo original, fue cuestionado dentro del propio círculo libertario por haber estampado su firma sin garantizar el respaldo de las grandes cadenas de supermercados, que representan a un tercio de los empleados del sector.

Mientras tanto, los supermercados anunciaron que pagarán un adelanto, pero aclararon que no es un reconocmiento formal de la paritaria. Se amparan en la falta de homologación para esquivar legalmente el aumento, a pesar de que el acuerdo incluye una cláusula que obliga a pagar “a cuenta” aun si no hay aval oficial. Una maniobra que es común dada la alta inflación y las demoras que suele tener la cartera laboral a la hora de homologar los acuerdos.

El trasfondo de esta intervención tiene nombre y apellido: Javier Milei no quiere que haya aumentos mensuales por encima del 1%, temiendo que eso impulse nuevamente la inflación. Paradójicamente, lo que se intenta contener con intervenciones es un fenómeno que el propio Milei solía atribuir exclusivamente a la emisión monetaria.

El límite del relato de “paritarias libres”

En campaña, el presidente había prometido que los acuerdos entre trabajadores y empleadores no tendrían intervención estatal. Hoy, esa promesa está rota. El caso Comercio no solo impacta a la paritaria más grande del sector privado, sino que busca disciplinar al resto de los gremios, justo cuando se conocen indicadores de inflación que, aunque bajando, siguen superando los aumentos pactados.

El conflicto, además, dejó al Gobierno enfrentado a su propio discurso sobre la no regulación y al empresariado dividido. Mientras el salario básico proyectado quedaría apenas por encima de 1,2 millones de pesos —por debajo de la línea de pobreza—, la pulseada expone los límites del modelo económico libertario en su versión más ortodoxa.

La FAECYS no descarta medidas de fuerza, y en los supermercados más grandes ya comenzaron a organizarse asambleas. El Gobierno, en su intento por contener los precios, parece haber encendido una mecha que todavía no termina de medir.