Patagonia
Neuquén y Río Negro reclaman el 51% de las represas que el Gobierno nacional quiere privatizar
La administración de Javier Milei planea vender el total de activos en un plazo de 180 días.
Las provincias de Río Negro y Neuquén le demandaron al Gobierno nacional el traspaso del 51 por ciento del paquete accionario de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Frente a una inminente privatización impulsada por la administración de Javier Milei, que planea vender el total de activos de estas represas en un plazo de 180 días, los gobiernos locales accionaron para retener esos paquetes accionarios.
Las represas que están en disputa aportan 4 mil MW al sistema eléctrico nacional, siendo vitales para la producción de energía del país. Las provincias argumentan que, según la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales y el tema pone en jaque las concesiones de las represas otorgadas en 1993, que ya han vencido.
En su reclamo, los gobernadores de ambas provincias ya dijeron que, si no obtienen respuesta del Gobierno nacional, podrían avanzar con un proyecto de ley en el Congreso para garantizar el control mayoritario sobre estas empresas hidroeléctricas. Este proyecto buscaría frenar el proceso de privatización y reafirmar la propiedad provincial sobre el recurso hídrico.
La formalización del pedido fue realizada por la senadora nacional rionegrina Mónica Silva, del partido Juntos Somos Río Negro, en alineación con el gobernador Alberto Weretilneck. Silva también representa la postura del mandatario neuquino Rolando Figueroa, quien respalda firmemente el reclamo.
El planteo de Silva incluye una modificación al decreto 718 firmado por Milei, que establece la privatización total de las represas. La senadora propone que solo se venda el 49 por ciento del capital accionario, reservando el 51 por ciento restante para las provincias.
Weretilneck y Figueroa están buscando establecer una mesa de negociación entre ambas provincias y el Gobierno nacional. La intención es encontrar un acuerdo que respete la inversión realizada por el Estado nacional en la construcción de las represas y, al mismo tiempo, reconozca el derecho de las provincias sobre los recursos hídricos.
A medida que se acerca el plazo de 180 días establecido por el Gobierno para la privatización, las provincias tienen activar mecanismos que les permitan sostener sus recursos hídricos frente a la amenaza de que les sean arrebatados por empresas privadas.
Fuente: Noticias Argentinas
