Política
Cómo es el sistema de juicios por jurados que comienza a discutirse en Diputados
El interés por desarrollar un nuevo sistema es transversal a la mayoría de las fuerzas políticas.
La Cámara de Diputados retomará este jueves el debate para la creación del sistema de juicio por jurados.
A partir de las 14.30, un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto avanza con el análisis de los ocho proyectos de ley presentados en la materia.
El interés por desarrollar un nuevo sistema es transversal a la mayoría de las fuerzas políticas y, en este momento, los proyectos enfrentan lobbys corporativos de magistrados que no quieren perder el control de la administración de Justicia.
En la primera reunión que tuvo lugar el 28 de agosto pasado, expusieron los autores de cada uno de los proyectos, mientras que para este segundo encuentro está convocado el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
También fueron invitados a exponer el juez de Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Via, los abogados penalistas Roberto Rallin y Francisco Oneto, la presidenta de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (CABA y Provincia), Emilia Valle, la presidenta de la asociación Argentina Juicio por Jurados, Silvina Manes, el director Ejecutivo de INECIP, Julián Alfie, el presidente superior del Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Andrés Harfuch, y el fiscal general del Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda.
En principio, el objetivo de la iniciativa es establecer el sistema de juicio por jurados en el ámbito de los tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que daría cumplimiento a una manda constitucional, ratificada por la Convención Constituyente de 1994.
La idea es que un grupo de ciudadanos sin formación jurídica elegidos por sorteo público pueda determinar la culpabilidad o inocencia de acusados de delitos graves de acuerdo a su propio prisma de apreciación moral.
El juicio por jurado ya existe en muchos países del mundo y también se implementa en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan y Chubut. En la provincia de Santa Fe, en tanto, existe una media sanción desde el 2001.
Hace algunas semanas, el Gobierno realizó la presentación de su propio proyecto en el CCK con la participación del presidente Javier Milei. Pese a esto, el Poder Ejecutivo no ingresó formalmente ningún texto propio.
Al igual que sucede con proyectos como “ficha limpia” o régimen penal juvenil, este es otro tema que estuvo también en la agenda parlamentaria durante el gobierno de Cambiemos y no logró avanzar.
¿De qué se tratan los proyectos?
Tanto el proyecto presentado por Roberto Mirabella (Unión por la Patria) como el de Fernando Carbajal (UCR) plantean la conformación de jurados populares de 12 integrantes y dos suplentes que tienen que estar presentes durante todo el proceso, con la tutela y orientación de un juez que se encarga de la fundamentación jurídica y técnica del fallo.
El sorteo público se realiza sobre la base de los padrones que confecciona la Cámara Nacional Electoral (CNE) cada dos años, y es una carga pública para aquellos ciudadanos que salen sorteados, los cuales deben ser de la misma circunscripción territorial en la que se hubiera cometido el delito.
Cualquier argentino o naturalizado con dos años de ciudadanía en ejercicio, de 18 a 75 años, que sepa leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional será pasible de ser elegido para integrar el jurado.
Además, debe cumplir con aptitudes físicas y psíquicas para poder desarrollar la tarea, y tener domicilio y residencia en la circunscripción del tribunal competente no inferior a dos años. Algunos de los proyectos establecen la paridad de género para la integración de jurado.
En cuanto a las incompatibilidades, éstas se aplican a autoridades de los tres poderes y ministerios públicos, integrantes de Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, abogados, escribanos, ministros de cultos religiosos, y directivos de partidos y sindicatos, entre otros.
Los sorteados deben prestar juramento de decir verdad en la audiencia de selección, individual o colectivamente según disponga el juez.
En la mayoría de los proyectos está contemplada una remuneración básica por cada día de servicio, y también se cubren los viáticos. A su vez, se garantiza a los ciudadanos que sus empleadores no puedan perjudicarlos por haber sido afectados a la causa judicial durante los días en que se desarrollen las audiencias.
Fuente: Noticias Argentinas.
