«A lavar los platos»: El deja vu de la ciencia argentina

Entre las políticas que todo Estado Nación se da a sí mismo, con la orientación ideológica propia del signo político que lleva adelante su gobernanza, la política científica y tecnológica es una de ellas. La ausencia, la omisión, el corrimiento, su destrucción, también es una política científica y tecnológica. Sobre todo, si no va a ser necesario mayor conocimiento científico y tecnológico porque la producción industrial local no resulta central, en la visión de gobierno, para el desarrollo económico, y se pretende, además, disminuir el Estado a su mínima expresión (minarquismo).

Así, mientras en el mundo los países más desarrollados están dando más que meros apoyos a la convergencia de las llamadas “tecnologías emergentes” (las TIC -de información y comunicaciones-, nanotecnología, biotecnología, ciencias neurológicas y cognitivas, etc.), no estaría ocurriendo esto, en el país, por estos días.

Es que, efectivamente, la producción industrial local no resulta central, en la visión de gobierno, para el desarrollo económico de la nación (o resultan centrales, de interés, otras producciones y otros capitales).

En el mundo las políticas de ciencia y tecnología cobraron sentido cuando la ciencia resultó útil para los Estados, lo cual ocurrió con la segunda Guerra Mundial.

Estado y ciencia

En vez de enviar a combatir o a «lavar los platos» a sus científicos, la Alemania nazi y sus naciones opuestas en el conflicto emplearon en investigar e innovar, inicialmente, en la industria armamentística.

El proyecto Manhattan, además de (lamentablemente) lograr la bomba atómica, también deshizo la radarización nazi. El proyecto se desarrolló en la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo, creada por Franklin D. Roosevelt (presidente de los EE.UU. por ese entonces), con impulso del científico norteamericano Vannebar Bush, quien luego convenció al presidente Henry Truman de crear, en 1951, la National Science Foundation, “nave insignia” de los organismos modernos de política científica y tecnológica.

Finalizada la segunda Guerra, Europa, además de confirmar los efectos de la ciencia aplicada a la guerra, empezó a hacerlo respecto de los productos norteamericanos y las empresas norteamericanas, que comenzaron a hacer proliferar sus exportaciones y filiales en el viejo continente.

Así, en 1961, la entonces Comunidad Económica Europea creó la Comisión Piganiol, que elaboró el informe “La ciencia y la política de los gobiernos” (publicado en 1963), en el cual aparece por primera vez el nombre de “política científica”. Luego (también en 1963), la ONU convocó a la Conferencia internacional sobre la aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo.

En América Latina, sus comunidades científicas, con el apoyo de UNESCO y liderados por Bernardo Houssay, Marcel Roche (científico venezolano) y José Leite (de Brasil), consiguieron la creación de organismos de política científica en sus países.

El Consejo Nacional de Pesquisa de Brasil (CNP) fue creado en 1951. Por su parte, en la Argentina, el CONICET se fundó en 1957 aunque, en rigor, fue la evolución de la Comisión de Ciencia y Tecnología (1951) creada en el marco del segundo Plan Quinquenal de Perón, luego desactivada por la Revolución Libertadora de 1955, y dos años más tarde, recreada en su versión definitiva de CONICET.

La idea de que los Estados (sus gobiernos) debían destinar un porcentaje de su PBI a la investigación y el desarrollo y en delinear sus propias políticas científicas y tecnológicas, nació en los ’50. Hace más de 70 años.

Pero los ’70 trajeron consigo la crisis monetaria de 1971 y las dos crisis del petróleo, de 1974 y 1978 que, dejadas caer por los países centrales desde estos a las periferias (en forma de crisis de balanzas de pago y deuda), hicieron que las ideas y proyectos surgidos en la región fueran abortados.

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Los procesos industrialistas latinoamericanos, bajo la forma de sustitución de importaciones, caídos, frustraron todo desarrollo tecnológico autónomo. En particular el desarrollo tecnológico fue el atacado cuando, desde los países centrales y los organismos multilaterales de crédito se empezó a embestir con el papel del Estado.

Reducir la política científica y tecnológica a la creación de una infraestructura de investigación básica, como en materia de educación o salud, para recursos humanos y conocimiento indispensables para apoyar las actividades productivas y su desarrollo en absoluta libertad e ínfimas regulaciones. Y vincularse a las empresas subsidiariamente para brindarles servicios, mientras que se detonaban políticas de apoyo a la producción industrial, las mismas que llevaron al lugar de privilegio que hoy ostenta China en el concierto internacional aplicando desarrollo científico tecnológico propio y en base a un Estado fuerte.

Hoy, como en los ´90, se acentúa el desguace de las actividades científico tecnológicas y las empresas productivas. Las segundas tienden a extranjerizarse y a importar tecnología desde sus matrices, donde pasan a trabajar nuestros científicos para generar renta a partir de las ideas, tecnologías e innovaciones con que sirven a sus empleadores foráneos, renta que se nos transforma en un costo cuando las debemos importar.

Los países desarrollados procuran un equilibrio entre su andamiaje productivo y el de creación de conocimiento y nuevas tecnologías, relacionando empresas con base científica y los centros donde dichos conocimientos se producen, y aquellos organismos estatales que aportan y/o promueven nuevo conocimiento, y dirige la política productiva de su nación. En todos los países desarrollados, una acción fuerte del Estado es un hecho concreto y medible. La despolitización de la ciencia y la técnica deja a esta última a demanda del sector privado, con sus intereses, que no son otra cosa que intereses privados. Las políticas de Estado que promueven conocimiento y producción son verticales (política espacial-satelital entre CONAE, INVAP y otros; tendido de fibra óptica; Argentina digital; Televisión Digital Abierta; etc.) y requieren de un Estado con una capacidad que se encuentra en una nueva fase de destrucción.

Hoy la comunidad científica internacional, advierte sobre las consecuencias de «destruir la ciencia argentina», en más de 1000 cartas de investigadores extranjetos entregadas a las autoridades del CONICET, a partir de la iniciativa de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT).

Se está produciendo, desde inicios de año, una nueva «fuga de cerebros»; presupuestos del CONICET, la UBA y las universidades públicas nacionales todas con recursos siendo consumidos a la velocidad de la inflación y el congelamiento.

La Comisión Nacional de Energía Atómica ve en pausa en construcción de dos reactores nucleares, el Carem y el RA-10, cuyo avance se encuentra suspendido por falta de fondos, siendo que significarían obtención de divisas genuinas con su empleo. Lo mismo respecto de fármacos en etapas de investigación avanzadas, como la vacuna Arvac (contra el COVID-19), y anticancerígenos de la empresa GALTEC.

Por otro lado, muchas veces los intereses del «mercado» no son coincidentes con los que demanda la sociedad en su conjunto, y estos últimos tienen que ser abordados necesariamente por alguien ya que, no siendo interés mercantil, no será preocupación (y ocupación) de aquel. Es por ello que los órganos públicos abocados a la ciencia deben contar con autonomía, y resultar independientes del sector privado, a quiénes también habrá de asistir igualmente (de hecho, lo hacen).

Aún así, encontrándose el CONICET entre los 20 organismos públicos de cumplimiento de los mayores estándares de investigación en ciencia y técnica del mundo, corresponde señalar que la Argentina, por todo concepto de inversión en ciencia y técnica, afecta un 0,31 % de su PBI (producto bruto interno) en ciencia y tecnología mientras que Corea del Sur invierte un 4,90 %, EE.UU. un 3,45 %, Japón un 3,26 %, Alemania un 3,14 % y, en la región, Brasil un 1,21 %, y Chile un 0,34 %.

Si una nación no puede producir su propia ciencia y técnica, necesariamente deberá importarla, tornándose dependiente de aquellas naciones que sí la produzcan. Realmente es un elemento cuya ausencia, o nos aisla, o nos torna necesariamente dependientes. Mientras tanto, la inversión pública para el presente año en ciencia y tecnología, con el nivel de inflación de precios y el congelamientono de partidas presupuestarias (que, de por sí, corresponden al presupuesto nacional 2023, prorrogado por el Gobierno para aplicarse en 2024, sin incrementos ni actualizaciones), alcanza apenas para cubrir las necesidades de financimiento del primer semestre.

El Dr. Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina (1947) y fundador del CONICET, rezaba: “La ciencia no es cara; cara es la ignorancia”.

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