boca de pozo
Movida de Figueroa a favor de los mapuches en Villa La Angostura
Provincia otorgó una personería jurídica «pisada» hace 14 años en medio de órdenes de desalojo.
El Gobierno de Neuquén reconoció la personería jurídica de la comunidad mapuche Lof Melo, con domicilio legal en el paraje Paso Coihue, departamento Los Lagos en Villa La Angostura. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 1402, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro de Gobierno Jorge Tobares.
El expediente de personería jurídica de la comunidad mapuche del Lof Melo en Villa La Angostura estuvo parado desde 2021. Cuatro años sin moverse. Y de repente, en la semana más crítica del conflicto por El Pedregoso —con un nuevo mandamiento de desalojo recién firmado, apuntando al sector que todavía ocupa la familia Quintriqueo con los Melo— aparece resuelto.
Fue solo un día, ese fue el margen entre una cosa y la otra: el 10 de septiembre trascendió el nuevo mandamiento judicial, el 11 salió el decreto de Figueroa. Para el gobierno es un conflcito incómodo porque la presión por el team mapuche es nacional, y la noticia siempre llega a Buenos Aires.
El decreto no dice nada de eso. En su letra, solo confirma que la comunidad cumple los requisitos legales: Convenio 169 de la OIT, Ley 23.302, Código Civil. Nada de desalojo, nada de tensión territorial, nada de contexto. Como si las dos cosas no tuvieran nada que ver.
Pero el trámite llevaba catorce años sin resolverse. Y se resolvió justo ahí. Eso es lo que la Confederación Mapuche viene marcando desde que salió la noticia: no hay forma de leer esa cronología como pura coincidencia burocrática.
Mapuches en Neuquén: el reclamo de las personerías y los conflictos
Para el Estado provincial, reconocer al Lof Melo en este momento lo deja en un lugar incómodo: con una mano dice «esta comunidad existe legalmente», con la otra sostiene una orden judicial que quiere sacarla del territorio donde vive.
Jorge Tobares y Joni Grandi estuvieron en Tratayén en una fallida reunón con la Confederación Mapuche del Neuquén.
Para la comunidad, en cambio, el timing es una oportunidad. Su defensa ya lo está usando: pide que la Justicia trate el reconocimiento como un «hecho nuevo sobreviniente» y frene el desalojo. El argumento pega fuerte porque tiene lógica simple: si el propio Estado acaba de decir que sos una comunidad indígena con estatuto y autoridades reconocidas, es difícil sostener después que no tenés ningún derecho sobre la tierra que ocupás.
Nada de esto ocurre en el vacío. Atrás hay una causa judicial que arrastra más de una década, una sentencia firme desde 2012, un desalojo que en agosto quedó a medias, y una provincia que ahora tiene que explicar por qué el reconocimiento llegó recién ahora —y no antes, y no después— sino exactamente en el momento en que más presión política había sobre el tema.
La disputa territorial que rodea al Lof Melo es anterior y ajena al expediente de personería. Tiene su origen en un interdicto de recobrar iniciado hace más de una década por María Cristina Broers, quien reclamó la restitución del Lote Pastoril 42 —conocido como El Pedregoso, un predio de aproximadamente 625 hectáreas entre Villa La Angostura y Bariloche— al denunciar que integrantes del Lof Melo habían ingresado al terreno sin autorización.
En 2012, el entonces juez Andrés Luchino dictó una sentencia que quedó firme y ordenó el desalojo. Con el correr de los años, la familia Quintriqueo se incorporó a la ocupación del predio y conformó una segunda comunidad, el Lof Kinxikew.
El conflicto de los Melo con los Broers
Desde entonces, la causa pasó por más de una quincena de jueces que avalaron sucesivamente la restitución del lote a Broers. El actual titular del juzgado interviniente, Francisco Astoul Bonorino, fue recusado por la defensa de las comunidades, que cuestionó su participación previa en una causa vinculada al mismo conflicto. A fines de agosto, sin embargo, el magistrado rechazó un pedido de nulidad del desalojo presentado por las comunidades y desestimó la versión —planteada públicamente por la lonco Amancay Quintriqueo— de que el lote había cambiado de titularidad. Documentación del Registro de la Propiedad Inmueble a la que accedió un medio de la región confirmó que el inmueble continúa a nombre de una integrante de la familia Broers.
El punto de mayor tensión se produjo el 19 de agosto, un día antes de la fecha prevista, cuando efectivos de la Policía de Neuquén y del grupo especial GEOP ingresaron al predio para ejecutar la orden judicial. El operativo se completó en el sector ocupado por la familia Quintriqueo, pero quedó inconcluso en la fracción donde permanece el Lof Melo, luego de que no se presentaran en el lugar funcionarios de los organismos de protección de la infancia requeridos por la presencia de menores. Días después, la Justicia libró un nuevo mandamiento para avanzar sobre el sector aún ocupado por la familia Quintriqueo.
