boca de pozo
¿Un instituto de menores por cada región? El plan que prepara Neuquén para la nueva Ley Penal Juvenil
La norma ya rige en el país. Dudas de cómo aplicarla en presupuesto, infraestructura y personal.
Este sábado entró en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, sancionado por el Congreso de la Nación a instancias del Gobierno de Javier Milei y promulgado como Ley 27.801.
La norma reemplaza al régimen vigente desde 1980 y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un esquema de sanciones graduado según la gravedad del delito: desde amonestaciones y prohibiciones de contacto para delitos leves, hasta institutos especializados de detención, con un tope de 15 años para los casos más graves.
La ley también prevé monitoreo electrónico y «supervisores especializados», aunque a nivel nacional todavía no hay pulseras disponibles ni supervisores designados, según reconocieron fuentes judiciales esta semana.
Neuquén, entre la Ley 2302 y la adecuación pendiente
La Ley 27.801 no obliga a las provincias: las invita a adecuar su legislación procesal y sus normas administrativas al nuevo esquema.
En Neuquén, la Defensora General, Vanina Merlo, ya dictó una resolución que reafirma la vigencia de los principios de la Ley provincial 2302 —de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia— y fija un enfoque restaurativo para la actuación del Ministerio Público de la Defensa.
Pero según pudo saber Política Viral, el trabajo no se limita a ese organismo. La Dirección Provincial de Gobierno y Justicia, que depende del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, viene trabajando desde hace tiempo en un proyecto para adaptar la Ley 2302 al nuevo régimen nacional.
La idea es que en breve, se presente el proyecto de modificación en la Legislatuira de Neuquén, aunque con muchos interrogantes presupuestarios, más allá de la decisión política.
La letra de la ley y el problema del presupuesto
Argentina tiene, según el diagnóstico habitual entre especialistas, una tradición de sancionar leyes de avanzada que después chocan con la ejecución presupuestaria.
El nuevo régimen no es la excepción: a nivel nacional, la ley asignó para el año de entrada en vigencia una partida de $23.739 millones, de los cuales poco más de $3.100 millones corresponden a gastos de personal del Ministerio de Justicia.
Ese monto es para todo el país. Qué proporción, si alguna, llega a Neuquén para adecuar su propio sistema es, por ahora, una incógnita.
Ahí aparecen las preguntas ¿cómo se van a financiar las capacitaciones de fiscales, defensores, jueces y personal penitenciario para aplicar un régimen que exige un abordaje totalmente distinto al de adultos? ¿Cómo se va a identificar y formar a los actores —supervisores, equipos técnicos, profesionales de salud mental— que la ley exige?
¿Un instituto de menores por región de Neuquén?
Un punto central es la infraestructura. La ley exige que los adolescentes no compartan alojamiento con adultos y prevé institutos abiertos e institutos especializados de detención.
La hipótesis de trabajo —que todavía no tiene confirmación oficial— es que la provincia necesitaría al menos un instituto de menores por región, es decir, un mínimo de cinco, con la Confluencia como la zona de mayor capacidad proyectada por concentrar la mayor población.
Vale un matiz para no exagerar el problema: la población de adolescentes judicializados y condenados no representa, ni de cerca, el nivel de sobrepoblación carcelaria que generan los delitos de adultos. Eso relativiza la escala de la inversión necesaria, pero no resuelve la pregunta de origen: ¿de qué partida sale el dinero para construir o adaptar esos institutos?
Una transición de años, con la sombra de un cambio de gobierno
Mientras se define la adecuación provincial, es esperable que el Tribunal Superior de Justicia dicte alguna acordada para ordenar una transición operativa hasta que estén dadas las condiciones edilicias y de personal.
La construcción de una red de institutos en toda la provincia —si efectivamente se opta por ese modelo— podría demandar entre cuatro y cinco años, un plazo que expone a la ley a un riesgo político. Que un eventual cambio de signo en el Gobierno nacional la modifique o la vacíe de contenido antes de que la infraestructura esté terminada.
