Patagonia
Mirgor: el Ministerio de Trabajo frenó los despidos y la UOM sostiene el conflicto en Río Grande
Cruje el entramado industrial fueguino.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para detener los despidos que había iniciado el Grupo Mirgor en Río Grande, Tierra del Fuego. La medida, que entró en vigencia el 12 de julio al mediodía, congela las cesantías en las cuatro razones sociales del holding tecnológico vinculado a la familia Caputo, y obliga a retrotraer las desvinculaciones mientras se abre la instancia de negociación formal.
Es el paso administrativo que el cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) venía reclamando desde el inicio de los despidos y ocurre en un contexto particularmente sensible para la industria fueguina, atravesada por la crisis del sector electrónico y el desmonte del fondo de diversificación productiva provincial.
El plan de lucha y las asambleas
La conducción sindical formalizó ante la autoridad laboral los motivos del plan de lucha y comunicó un mensaje de unidad dirigido a las líneas de producción. Las asambleas continúan mientras el Ministerio de Trabajo diagrama la primera audiencia obligatoria entre la empresa y los trabajadores. El cuerpo de delegados defenderá durante ese período los reclamos originales que originaron el conflicto.
Mirgor es una de las principales empresas del ensamblaje electrónico en Tierra del Fuego, con producción de smartphones, televisores y equipamiento automotor. La compañía pertenece al grupo económico ligado a la familia Caputo. Cualquier reducción de personal en sus plantas tiene un impacto directo sobre el mercado laboral fueguino, que ya perdió 6.100 puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2023 según el Ministerio de Trabajo provincial.
En paralelo al conflicto laboral, la Seccional Río Grande de la UOM sostiene otra disputa: la que la enfrenta con la intervención judicial de la UOM nacional. Un juez federal autorizó al interventor designado a negociar los salarios de la actividad metalúrgica, decisión que las bases fueguinas rechazan de plano. La Seccional Río Grande sostiene «la máxima resistencia operativa contra el avance paritario del funcionario designado por el magistrado», según comunicó la conducción local.
La tensión no es menor. Que un interventor judicial firme una paritaria sin aval de las seccionales activas del sindicato abre una discusión sobre representatividad y legitimidad que trasciende el caso metalúrgico y toca el corazón del sistema de relaciones laborales argentino. La reforma laboral que el Gobierno impulsa apunta, entre otras cosas, a limitar el poder de las conducciones sindicales tradicionales y facilitar negociaciones por empresa. En ese marco, la intervención judicial funciona como antecedente y ensayo.
El conflicto en Mirgor se enmarca en un cuadro provincial más amplio. La Resolución 152/2026, publicada a fines de junio, habilitó a las empresas del régimen de promoción industrial fueguino a achicar los proyectos de inversión comprometidos con el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), cuyo aporte había sido llevado al 0% en enero. En paralelo, el Gobierno nacional eliminó los aranceles a la importación de celulares y avanza con la reforma laboral. La combinación golpea con particular fuerza al ensamblaje electrónico fueguino, cuya rentabilidad depende del arancel diferencial que el nuevo esquema licuó.
Luis y Nicolás Caputo.
La conciliación obligatoria que ordenó el Ministerio de Trabajo frena los despidos por 15 días hábiles. Después, el conflicto vuelve a la mesa de negociación con dos capas superpuestas: la salarial y la de representación. Y con el fondo — la viabilidad estructural del complejo industrial fueguino — como pregunta que ninguna paritaria va a poder responder sola.
