Política
Denunciaron penalmente a Javier Milei por autorizar ejercicios militares con tropas de Estados Unidos
La presentación cuestiona el decreto del Poder Ejecutivo que permitió el ingreso de fuerzas extranjeras sin el aval previo del Congreso.
El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal a raíz del dictado de un decreto de necesidad y urgencia que autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para realizar maniobras conjuntas en territorio nacional. La presentación fue realizada por el diputado opositor Juan Marino, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El escrito solicita que se investigue la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.
La acusación principal se centra en el DNU 264/2026, mediante el cual la Casa Rosada habilitó los ejercicios denominados «Daga Atlántica» y «PASSEX». Según el denunciante, las maniobras se extendieron durante 42 días en bases de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y contaron con la participación de efectivos norteamericanos y el despliegue del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz. El legislador cuestionó que el Presidente haya aterrizado en la cubierta de dicho buque en la Zona Económica Exclusiva argentina para convalidar la actividad.
El eje jurídico de la presentación sostiene que el Poder Ejecutivo actuó por fuera de sus atribuciones constitucionales al ignorar la competencia exclusiva del Poder Legislativo en la materia. El escrito recuerda que el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional reserva únicamente al Congreso de la Nación la facultad de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República, así como la salida de las fuerzas nacionales fuera de las fronteras.
La denuncia penal no se limita a la figura del jefe de Estado, sino que también alcanza a otros miembros y exintegrantes de la administración central que intervinieron en la gestión y firma de la medida. Entre los funcionarios señalados figuran el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller, Pablo Quirno; el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el exsecretario de Comunicación, Javier Lanari. La acusación apunta a delimitar las responsabilidades de toda la cadena de mandos que avaló el operativo.
Tras el sorteo de rigor en la Cámara Federal, la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini. A partir de ahora, la fiscalía correspondiente deberá evaluar los elementos presentados y dictaminar si existen causales suficientes para dar curso a la investigación penal o si desestima el planteo. Desde el ámbito oficial prefirieron no emitir comentarios formales respecto al inicio de este expediente judicial.
