Las jubilaciones aumentarán un 2,15% en julio y tensionan las metas del superávit fiscal

A partir del próximo mes de julio, los jubilados y pensionados en Argentina percibirán un incremento del 2,15% en sus haberes, según la última actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/24). Esta metodología toma como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, el cual recientemente marcó una desaceleración al ubicarse en el 2,1% durante el mes de mayo.

Con este nuevo porcentaje de aumento, el haber mínimo jubilatorio se posicionará en $411.989,32. A este monto se sumará el bono extraordinario de $70.000, el cual la gestión nacional ha decidido mantener fijo sin variaciones, totalizando un piso de ingresos que apenas supera los $481.000. Asimismo, la medida alcanzará de forma proporcional a otros beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), elevando la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $329.591,45, la Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez a $288.392,52, y la Pensión Madre de 7 hijos a $411.989,32.

A pesar de la desaceleración inflacionaria celebrada por el Poder Ejecutivo, este incremento genera una fuerte encrucijada en las cuentas públicas de la administración de Javier Milei.

El principal foco de conflicto radica en que, por efectos del arrastre inflacionario previo, el ritmo de incremento del gasto en seguridad social está comenzando a correr por encima del comportamiento de la recaudación tributaria general. Tras una leve recuperación observada en los datos fiscales de mayo, las proyecciones para el mes de junio vuelven a encender luces amarillas si los ingresos impositivos del Estado quedan rezagados frente a los compromisos fijos del calendario de pagos.

Mantener a rajatabla el superávit fiscal autoimpuesto por el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, podría forzar un escenario de mayores tensiones políticas y operativas. Si la recaudación general no acompaña este piso de erogaciones, el Gobierno se verá obligado a profundizar los recortes sobre los pocos servicios públicos que aún asiste de forma directa o a trasladar una mayor carga de ajuste fiscal hacia las arcas de las administraciones provinciales para compensar el balance.