Peligra el ingreso de más de 9 mil familias neuquinas

El programa Volver al Trabajo existe desde hace años y apunta a algo concreto: darle un ingreso a quienes se quedaron afuera del mercado laboral formal y se inventaron su propio trabajo para sobrevivir. Crianceros en zonas rurales, trabajadores de cooperativas barriales, personas que sostienen comedores comunitarios, que reciclan, que cuidan a otros. Gente que trabaja, pero que el sistema no registra como tal. El VAT les reconoce ese trabajo con un Salario Social Complementario que funciona como piso mínimo de ingresos, creado por ley específicamente para ese sector.

En Neuquén, ese programa tiene nombre y apellido en 9.129 hogares. Cada mes, ingresan a la provincia más de 712 millones de pesos que no van a parar a ninguna cuenta bancaria de escritorio: se gastan en los almacenes del barrio, en el transporte, en la economía cotidiana de las zonas más alejadas. Al año, eso suma más de 8.544 millones de pesos. Y todo eso hoy está en riesgo.

La Justicia ordenó seguir, pero nadie festeja todavía

El Gobierno nacional decidió dar de baja el VAT, y las organizaciones sociales salieron a pelear. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a otras organizaciones, impulsó un amparo colectivo a partir del cual la Justicia Federal dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa vigente hasta que haya una sentencia definitiva. Dicho de otro modo: la Justicia le dijo al Gobierno que no puede bajarlo todavía.

Pero el antecedente complica el optimismo. El Gobierno ya incumplió fallos similares en otras oportunidades, y las organizaciones lo saben. Por eso, a pesar del fallo, siguen movilizadas. El 7 de abril hubo jornadas de protesta en todo el país, y Neuquén no fue la excepción: movilización, presencia en las calles y un mensaje claro hacia la Casa de Gobierno provincial también, porque desde el MTE le piden a la gestión de Rolando Figueroa que tome cartas en el asunto si el Estado nacional termina dando la espalda al fallo.

Un impacto que no es uniforme

El recorte no pega igual en todos lados. En Chos Malal, por ejemplo, 366 personas son titulares del programa, lo que da una idea del peso que tiene en el norte neuquino. Y en las comunidades rurales, la historia tiene un condimento extra. Paulina Curruhuinca, del área rural del MTE y referente de 12 comunidades mapuches de las zonas Lácar y Huiliches, contó que para cumplir con las capacitaciones que exigía el programa había que viajar hasta 70 kilómetros. Un taxi sale 80 mil pesos. En muchas comunidades no hay internet. El sistema, en la práctica, les ponía obstáculos antes de que pudieran arrancar.

Lorenzo Navuelan, vocero del MTE, fue más directo todavía: el programa les dio dignidad. Sostuvo espacios para personas en situación de calle, con consumo problemático, casas convivenciales donde el tratamiento es gratuito. Si el VAT cae, todo eso tambalea. Y para mayo, advirtió, ya no habría depósito si el Gobierno decide ignorar la cautelar.

Las organizaciones son claras en un punto: el VAT no es un gasto, es un derecho reconocido por ley. Su eliminación no solo afecta un número en una planilla, sino que puede derivar en el cierre de comedores, la disolución de cooperativas y el desfinanciamiento de redes de cuidado que hoy sostienen la vida en los barrios. En Neuquén, 9.129 familias están esperando ver de qué lado cae la balanza.