Neuquén proyecta un nuevo centro para adolescentes judicializados y prepara su propio código de procedimiento

En sintonía con la Ley 27.801, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, confirmó que la Provincia diseña un edificio específico para alojar a jóvenes penalizados y que impulsará en la Legislatura un nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil, alineado con la ley provincial 2302 y con un enfoque socioeducativo.

Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, Neuquén inició un proceso de adecuación que incluye infraestructura y marco normativo propio. Actualmente, las medidas de arresto excepcional se cumplen en el hogar Hue Lihue, que será sometido a un proceso de acondicionamiento, mientras se diseña un edificio nuevo y adaptado para concentrar las intervenciones destinadas a adolescentes de entre 14 y 18 años. El objetivo, según Tobares, es que cualquier medida de privación de libertad se cumpla en un espacio adecuado que garantice derechos y un abordaje socioeducativo e interdisciplinario.

El proyecto edilicio prevé aulas, talleres de capacitación laboral y el acompañamiento permanente de equipos integrados por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y educadores, siguiendo el mandato de la ley nacional que exige instituciones especializadas y separadas de los penales de adultos. Tobares destacó que la Provincia debe estar preparada para casos en que se impongan penas de prisión a adolescentes, reforzando que el encierro debe ser un último recurso y que la intervención prioritaria se basa en educación, formación y seguimiento comunitario.

En el plano normativo, el ministro anunció que se presentará un proyecto para crear un Código de Procedimiento Penal Juvenil neuquino que recopile las disposiciones de la Ley 2302 de protección integral de derechos y regule etapas clave como el juicio de cesura. Tobares subrayó que el procedimiento penal es una facultad provincial no delegada y que Neuquén necesita una herramienta propia para aplicar la Ley 27.801 sin perder su tradición y modelo de abordaje del adolescente, priorizando la reeducación y la reinserción social por sobre el castigo punitivo.

En cuanto a la demanda actual de plazas, el ministro calificó las estadísticas como “muy residuales”: desde que el régimen nacional entró en vigencia el 5 de septiembre, no hay adolescentes cumpliendo arresto excepcional en la provincia, y durante todo el año sólo se registró un caso de 15 días, con posterior reintegro al hogar y seguimiento interdisciplinario. El diseño del nuevo centro y del código procesal se inscribe en los lineamientos de la Ley 27.801, que fija la responsabilidad penal desde los 14 años, establece un tope máximo de 15 años de prisión, prohíbe la perpetua y coloca al encierro como última opción frente a un catálogo de medidas socioeducativas alternativas.