Política
ATE reclama la salida de casi 250 familiares y allegados designados por Manuel Adorni
Los estatales exigen el desplazamiento de los colaboradores que el exfuncionario nombró en el sector público.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó un duro reclamo contra el Poder Ejecutivo tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. El sindicato liderado por Rodolfo Aguiar le exigió formalmente al Gobierno Nacional el desplazamiento de un total de 249 personas, entre las que identifican a familiares, amigos y allegados directos, sosteniendo que el exvocero presidencial los ubicó en diversas dependencias públicas desde que comenzó su gestión en la administración libertaria.

La cúpula del gremio estatal apuntó fuertemente contra los manejos del exjefe de ministros y denunció que estas personas perciben salarios mensuales sumamente altos sin realizar una contraprestación real dentro del organigrama estatal. El sindicato ironizó además sobre la fecha de la dimisión, remarcando la coincidencia de su salida con las celebraciones por el Día del Trabajador del Estado, un sector que sufre severos recortes y despidos masivos bajo la premisa de la austeridad fiscal.
Desde ATE hicieron foco en situaciones puntuales de nombramientos familiares dentro de la estructura oficial para justificar su presentación. Los representantes sindicales recordaron los cuestionados saltos jerárquicos y las promociones internas ocurridas en áreas sensibles, tales como las designaciones ligadas al sector de Defensa y la administración de los fondos destinados a los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, considerando estas acciones como una contradicción directa al discurso oficial contra el clientelismo político.
Finalmente, la conducción gremial instó a las autoridades judiciales a no dar por cerrado el tema con el simple alejamiento del funcionario del Poder Ejecutivo. El sindicato solicitó formalmente que se profundicen las investigaciones en curso respecto a las declaraciones patrimoniales de los miembros salientes del Gabinete, exigiendo que las auditorías y los controles de transparencia administrativa alcancen al resto de las carteras ministeriales con el fin de auditar la totalidad de las contrataciones realizadas durante el periodo.



