Sobresueldos en Río Negro: la Corte Suprema confirma penas de prisión para exministros del gobierno de Saiz.

El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y declaró que estaban “mal concedidos”, al considerar que no cumplían con el requisito de fundamentación autónoma ni lograban refutar los argumentos centrales de la sentencia provincial. La resolución, firmada este jueves tras seis años de trámite en la órbita federal, deja firmes las condenas dictadas en la causa que acreditó el pago sistemático de sobresueldos con dinero público entre 2004 y 2010 mediante un esquema paralelo a los circuitos administrativos y de control.

Con este fallo quedan ratificadas las penas de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo para los exministros César Barbeito (Educación) y Francisco “Ringo” González (Coordinación), mientras que otros cinco exintegrantes del gabinete recibieron 2 años y 6 meses de prisión: Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). También fue condenado el extesorero José Ongaro, en tanto que la acción penal contra el excontador general Gustavo Picci se declaró prescripta en instancias anteriores.

La investigación judicial determinó que, durante los mandatos de Saiz, se montó un sistema de pago de “adicionales” y suplementos por dedicación exclusiva que se financiaba con partidas oficiales pero se ejecutaba por fuera de la liquidación salarial habitual. El mecanismo incluía la emisión de cheques a nombre de altos funcionarios, que se cobraban por ventanilla bancaria y luego se distribuían en efectivo entre funcionarios y agentes, evitando su bancarización y sustrayendo esas sumas de los controles administrativos previstos sobre el gasto en personal.

La causa se inició en 2011 a partir de una investigación periodística del diario Río Negro y tuvo un fuerte impacto político al involucrar a buena parte del gabinete radical de la época. En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los acusados por peculado; en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó las penas, y ahora la decisión de la Corte Suprema agota la vía recursiva y deja las condenas definitivamente firmes, más de una década después del inicio del proceso.