Haga patria: reparta pizzas

El ministerio de Defensa reconoció que los integrantes de las Fuerzas Armadas necesitan un segundo empleo para llegar a fin de mes. La resolución habilita a soldados, suboficiales y oficiales a desempeñar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio. Entre las permitidas figuran plataformas de transporte y reparto, servicios de seguridad privada y otras ocupaciones compatibles con la función militar.

En criollo: quienes tienen la responsabilidad de custodiar la defensa nacional ahora pueden manejar un Uber, repartir pedidos en Rappi o trabajar de vigilador en un supermercado. Algo que, en los hechos, ya venía ocurriendo de manera informal porque los salarios no alcanzaban. La novedad es que ahora es legal.

El blanqueo de una crisis

La medida es el reconocimiento oficial de lo que los uniformados vienen planteando desde que Javier Milei frenó la jerarquización salarial que había implementado Sergio Massa para equiparar los ingresos militares con los de los efectivos policiales. Desde entonces, el sueldo castrense perdió más de un 80% frente a la inflación: el salario real hoy es un 25% más bajo que en diciembre de 2023.

El Gobierno envolvió la medida en narrativa libertaria — ampliación de libertades individuales, autonomía del trabajador — cuando el trasfondo es otro: ajuste presupuestario, crisis salarial y falta de cobertura médica. El mismo esquema que aplicó al conjunto del Estado, pero con la particularidad de que acá el impacto recae sobre quienes operan el equipamiento militar, gestionan inteligencia y conducen operaciones de defensa territorial.

El detalle que la narrativa oficial prefiere no subrayar es el siguiente: muchos de los efectivos que ahora salen a trabajar de Uber o seguridad privada cuentan con años de formación en logística, comunicaciones, operaciones tácticas e inteligencia militar que el Estado financió. Pero paga sueldos que no alcanzan y en lugar de recomponer salarios los manda a repartir pizzas.