Neuquén
127 Hectáreas: crece la presión a la fiscalía por una causa sin avances
Familias afectadas volvieron a exigir definiciones en la investigación contra la cooperativa y apuntaron a la demora en la imputación. Denuncian incertidumbre y reclaman respuestas concretas.
La causa vinculada a la Cooperativa 127 Hectáreas volvió a quedar en el centro de la escena en Neuquén, esta vez por el reclamo directo de los damnificados al Ministerio Público Fiscal. A través de una carta abierta, las familias que aseguran haber sido afectadas por la operatoria de la entidad pidieron avances urgentes en el expediente y cuestionaron la falta de definiciones después de más de un año de investigación.
El planteo no quedó solo en lo formal. También hubo presencia en Ciudad Judicial, donde un grupo de afectados se acercó para visibilizar el reclamo y sumar presión pública. El eje es claro: piden que se avance con la formulación de cargos, especialmente en relación al presidente de la cooperativa, Jorge Salas, en una causa que investiga presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios.
Un expediente que no se mueve
En el escrito dirigido a la fiscal Rocío Rivero, los damnificados describen un escenario que, según relatan, se volvió difícil de sostener. Hablan de incertidumbre, de falta de respuestas y de una sensación creciente de quedar a la deriva dentro de un proceso judicial que no termina de dar señales concretas.
La investigación, catalogada como compleja, involucra distintas operatorias vinculadas a proyectos de loteos y viviendas. Según los denunciantes, muchos de esos compromisos no se habrían cumplido, pese a que implicaron inversiones personales importantes. Detrás de cada caso, aseguran, hay ahorros de años que hoy no tienen un destino claro.
El reclamo también pone el foco en el tiempo. Para las familias, el ritmo de la causa no acompaña la urgencia de la situación. En ese contexto, piden que se avance en la imputación como una señal concreta de movimiento dentro del expediente.
Más actores y más dudas
Con el paso de los meses, el caso sumó nuevos elementos y amplió su alcance. En la carta, los denunciantes mencionan que las operatorias bajo análisis no se limitarían a un solo desarrollo, sino que incluirían distintos convenios, incluso algunos vinculados a organizaciones sindicales. Esto, plantean, podría incrementar la cantidad de personas afectadas.
Al mismo tiempo, apuntan contra la conducción actual de la cooperativa. Según expresan, algunas declaraciones públicas habrían minimizado la situación o generado versiones contradictorias, lo que —lejos de calmar el escenario— profundizó las dudas.
El reclamo también tiene un tono institucional. Los damnificados sostienen que el conflicto ya superó lo administrativo y que requiere una respuesta judicial clara. En ese sentido, plantean que la sociedad necesita señales de funcionamiento del sistema judicial en un caso que involucra a cientos de familias.
Por ahora, la causa sigue abierta y sin resoluciones de fondo. Mientras tanto, el malestar crece y la presión también. Las familias insisten en que no buscan anticipar culpabilidades, pero sí piden definiciones que permitan empezar a ordenar una situación que, con el paso del tiempo, se volvió cada vez más incierta.
