El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a los 14 años

El Poder Ejecutivo nacional formalizó esta madrugada la promulgación de la Ley 27801, dando nacimiento al nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 138/2026, representa un cambio estructural en el sistema de justicia argentino. El eje central de la reforma es la baja en la edad de imputabilidad, una iniciativa que el oficialismo considera clave dentro de su agenda de seguridad y que ya genera impacto en el debate jurídico nacional.

Uno de los puntos más destacados de la flamante ley es la implementación de un esquema de penas graduadas. Este sistema no solo considera la edad del menor al momento del hecho, sino que obliga a la justicia a evaluar las particularidades del contexto en el que se cometió el delito. Con este enfoque, el Gobierno busca que las sanciones sean proporcionales, permitiendo un tratamiento diferenciado que se ajuste a la madurez y situación social de los jóvenes involucrados en procesos penales.

La aprobación definitiva de esta norma se produjo el pasado 27 de febrero en el Senado, durante el período de sesiones extraordinarias. En aquella jornada, La Libertad Avanza logró consolidar un triunfo legislativo con 44 votos a favor y 27 en contra. Para alcanzar este resultado, el oficialismo debió transitar una negociación parlamentaria en la que aceptó elevar el piso de imputabilidad de los 13 años propuestos originalmente a los 14 años, destrabando así el consenso con los bloques dialoguistas.

Con este nuevo límite, Argentina se alinea con la legislación de gran parte de Sudamérica, donde países como Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay ya mantienen la imputabilidad en los 14 años. La modificación fue fundamental para asegurar el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR, quienes consideraron que esta cifra representa un punto de equilibrio.

La entrada en vigencia de este régimen marca el cierre de una etapa de intensas discusiones en el Congreso y el inicio de una nueva dinámica para los tribunales de menores. A partir de ahora, el sistema judicial deberá adaptarse a las estructuras que exige la Ley 27801, garantizando que el nuevo marco punitivo conviva con las herramientas de asistencia necesarias para abordar la delincuencia juvenil desde una perspectiva integral y actualizada a los estándares internacionales.