Política
El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad por orden judicial
La normativa fue oficializada tras una intimación del Juzgado Federal de Campana.
El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 mediante el Decreto 84/2026, que establece el marco operativo para las políticas y prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La medida fue dictada en cumplimiento de una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que intimó al Poder Ejecutivo a poner en marcha la norma y a reglamentarla en un plazo de 30 días, luego de considerar paralizada su implementación.
La ley había sido sancionada tras insistencia del Congreso frente al veto total del Ejecutivo en agosto de 2025. Aunque fue promulgada en septiembre de ese año, el Gobierno interpretó que su aplicación quedaba suspendida hasta definir las fuentes de financiamiento. Esa posición fue cuestionada en un amparo colectivo, cuyo fallo obligó al Estado a avanzar con la reglamentación. En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo reconoce el origen judicial de la decisión y deja constancia de que mantiene apelaciones pendientes en la causa.
El texto define el esquema institucional de la emergencia y concentra la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Allí se fundamenta esta organización en una “concepción integral del derecho a la salud y la protección social”, alineada con el modelo social de la discapacidad y tratados internacionales. Uno de los puntos centrales es la implementación del nuevo régimen de pensiones, que incluye la conversión de oficio de las prestaciones previas y establece que la administración del beneficio estará a cargo de la ANSES, con obligaciones específicas para los titulares y causales de caducidad.
La reglamentación también incorpora medidas fiscales, entre ellas un régimen de regularización de deudas para los sujetos alcanzados por la Ley 24.901, con condonación de intereses y eliminación de multas para obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, prevé una compensación económica de emergencia para prestadores que hayan facturado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, cuya documentación será verificada por la Superintendencia de Servicios de Salud mediante la plataforma de Trámites a Distancia.
En materia de articulación federal, la Secretaría Nacional de Discapacidad convocará al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías dentro de los primeros 30 días de vigencia del decreto. En paralelo, el Gobierno oficializó nuevas designaciones en el área: Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario nacional, mientras que Gianfranco Scigliano y Esteban Rafael Giler asumirán subsecretarías clave tras la reorganización institucional que siguió a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad a fines de 2025.
La reglamentación fue publicada en respuesta directa a la intimación judicial del Juzgado Federal de Campana, en un contexto de demoras que afectaron al sistema de prestaciones: pagos atrasados, prestadores en riesgo y miles de personas sometidas a auditorías y recortes sin un marco regulatorio definido. La decisión se produce tras meses de reclamos de organizaciones, familias y trabajadores que habían advertido por la falta de avances.
