Política
Juicio YPF: el Gobierno denunció “hostigamiento” contra el Estado argentino
La Procuración del Tesoro solicitó a la jueza Loretta Preska suspender el proceso de búsqueda de activos.
El Gobierno nacional presentó en las últimas horas un pedido formal ante la jueza Loretta Preska para suspender el proceso de discovery y el pedido de desacato formulado por los demandantes en el litigio vinculado a YPF. Según informaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, el planteo fue elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York y apunta a frenar lo que califican como una escalada de reclamos “intrusivos y desproporcionados”.
En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Estado argentino advirtió que “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos” afecta de manera directa la soberanía nacional y las relaciones internacionales. El discovery es el mecanismo que permite a los beneficiarios del fallo solicitar información para rastrear activos embargables con el objetivo de ejecutar la sentencia, una instancia que, según la defensa argentina, fue cumplida en tiempo y forma.
Desde la Procuración recordaron que durante gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, y subrayaron que, desde la asunción de la actual administración en diciembre de 2023, el país cumplió plenamente con todas las obligaciones impuestas por el tribunal. En ese sentido, destacaron que el Estado realizó “un esfuerzo extraordinario” para entregar información relevante, con un volumen de producción que calificaron como inédito.
Sin embargo, afirmaron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes —en particular el fondo Burford— intensificaron la presión con pedidos “jurídicamente inaceptables”, entre ellos una moción de desacato y requerimientos sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central.
La Procuración aclaró que esos activos pertenecen al BCRA y están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que consideró improcedente cualquier solicitud al respecto. Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para frenar pedidos que, a su entender, vulneran la Constitución y los principios del derecho internacional.
