Política
Milei habilitó el debate para bajar la edad de imputabilidad y sumó un nuevo eje a las sesiones extraordinarias
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno incorporó la reforma del Régimen Penal Juvenil al temario del Congreso.
Cumpliendo con el anuncio realizado horas antes en Mar del Plata, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario y por su vocero y actual ministro, Manuel Adorni, lo que le dio sustento legal a una definición política que el oficialismo venía anticipando.
El texto del decreto es breve: en su Artículo 1°, dispone la inclusión de los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil dentro de los asuntos a tratar durante las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero. De ese modo, el Gobierno avanzó en la institucionalización del mensaje que Milei había lanzado en un acto público en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde sintetizó su postura con una consigna que ya funciona como lema: “En Argentina, el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.
La iniciativa que enviará el Poder Ejecutivo, impulsada por los ministerios de Seguridad y Justicia, apunta a modificar el régimen vigente desde 1980 y a bajar la edad de imputabilidad penal, actualmente fijada en 16 años. El proyecto propone reducir ese umbral a los 13 años, incorporando a los adolescentes a un régimen penal especial. Desde el Gobierno sostienen que el esquema actual “genera situaciones de impunidad” y que la legislación quedó desactualizada frente a los estándares constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
El eje central de la propuesta es la creación de un régimen penal juvenil diferenciado, que combine sanción con dispositivos educativos, control judicial y mecanismos de reinserción social. En ese marco, el proyecto prohíbe la prisión perpetua para menores de edad, establece un tope máximo de 20 años de privación de liberad y habilita la posibilidad de sustituciones parciales de la pena una vez cumplidos los dos tercios de la condena, siempre bajo evaluación técnica y supervisión judicial. En la fundamentación, el oficialismo cita experiencias de países de la región como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, donde la responsabilidad penal juvenil comienza a edades más tempranas.
La discusión se dará en un contexto político sensible y con tiempos ajustados. Las sesiones extraordinarias se extenderán entre el 2 y el 27 de febrero y, si bien el oficialismo busca abrir el debate ese mismo mes, en el bloque libertario admiten que el tratamiento podría continuar durante el período ordinario que comienza el 1° de marzo. Impulsada con fuerza por Patricia Bullrich y respaldada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la reforma vuelve a colocar la agenda de seguridad en el centro de la escena y anticipa un debate intenso en el Congreso, atravesado por el impacto social, jurídico y político de la baja de la edad de imputabilidad.
