El Gobierno envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional anunció este lunes el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, en el marco del período de sesiones extraordinarias que se extiende hasta el 30 de diciembre. El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente a través de redes sociales, donde se presentó la iniciativa como un intento de “ordenar el marco normativo vigente”. La propuesta reavivó un debate de fondo que atraviesa a la política ambiental argentina desde hace más de una década.

Desde el Ejecutivo sostienen que, a más de quince años de su sanción, la ley 26.639 evidenció “graves falencias interpretativas” que derivaron en inseguridad jurídica, paralización de inversiones productivas y un avasallamiento de las competencias provinciales sobre los recursos naturales. La reforma, según el comunicado oficial, apunta a establecer reglas claras, proteger los glaciares con función hídrica efectiva y reducir la discrecionalidad que, bajo criterios ideológicos, habría trabado el desarrollo económico.

El proyecto también pone el acento en el rol de las provincias, al invocar los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. En ese sentido, propone fortalecer a las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental y mejorar la articulación con el Inventario Nacional de Glaciares. El Gobierno define la iniciativa como una “reforma de federalismo ambiental”, en línea con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y con reclamos históricos de distritos mineros agrupados en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre.

Sin embargo, la propuesta reavivó un debate de fondo que atraviesa a la política ambiental argentina desde hace más de una década. La ley vigente nació como un régimen de presupuestos mínimos destinado a proteger glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce y reguladores climáticos. Su sanción fue el resultado de una fuerte movilización social, científica y política que logró revertir en 2008 el veto presidencial conocido como “veto Barrick”, y desde entonces enfrentó embates judiciales, resistencias provinciales y presiones del sector minero.

Las críticas a la reforma apuntan a que, bajo el argumento de ordenar y federalizar, se busque debilitar la tutela jurídica sobre los glaciares para facilitar la minería a cielo abierto, una actividad señalada como altamente contaminante y de bajo retorno económico para el país. Las regalías provinciales, que rondan apenas el tres por ciento del valor boca de mina, y la eliminación de derechos de exportación a minerales estratégicos profundizan las dudas sobre el real beneficio económico frente al riesgo ambiental. En ese contexto, el debate legislativo que se abre promete ser intenso y volverá a poner en tensión el equilibrio entre desarrollo productivo, protección del agua y soberanía ambiental.