Política
El Gobierno avanza en la privatización de la energía nuclear pese al récord de generación
En el Congreso, por su parte, los bloques de la oposición prometen resistir la venta de NASA.
El Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que administra las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida prevé la venta de una parte significativa de acciones a inversores privados, junto con un Programa de Propiedad Participada para trabajadores, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria.
Actualmente, la compañía está controlada en un 79 por ciento por el Estado, un 20 por ciento por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % por Energía Argentina S.A. (ENARSA). El nuevo esquema contempla la venta del 44 por ciento de las acciones en una licitación pública nacional e internacional, un 5 por ciento destinado a los trabajadores y un 51 por ciento en manos del Estado y la CNEA. Además, ENARSA transferirá su 1 por ciento de participación al Estado, mientras que Nucleoeléctrica cederá una pequeña porción de su participación en ENARSA.
En los considerandos, el Ejecutivo argumenta que la gestión estatal no ha garantizado la eficiencia económica necesaria y que el ingreso de capital privado permitirá financiar proyectos clave, como la extensión de vida útil de Atucha I prevista para 2027 y el sistema de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II. También se apunta a reducir el déficit fiscal y a “diversificar riesgos” en la conducción de la compañía, que en 2023 había recibido transferencias de capital por 700 millones de pesos.
El decreto destaca que en 2024 la empresa logró un récord histórico de generación, con 10,4 millones de MWh y un factor de carga del 73,3 por ciento. Sin embargo, sostiene que para sostener ese nivel de productividad y encarar nuevas inversiones es “indispensable” abrir la puerta al capital privado.
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será responsable de ejecutar el proceso, bajo la Ley 23.696 de Reforma del Estado. También intervendrá la Secretaría de Trabajo, que deberá evaluar la viabilidad del Programa de Propiedad Participada, y se remitirá un informe a la Comisión Bicameral del Congreso.
Fuente: NA
