Energía
El Gobierno avanza con la privatización total de Enarsa y pone en venta su participación en Transener
El Gobierno apuesta a que el sector privado tome el control.
El Gobierno nacional formalizó el inicio del proceso de privatización total de Enarsa (Energía Argentina), la empresa estatal creada en 2004 y responsable de algunas de las obras más importantes en infraestructura energética de las últimas dos décadas.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 286/2025 y contempla la venta del 100% de las acciones que Enarsa posee en Citelec S.A., la sociedad controlante de Transener, la compañía encargada de la transmisión eléctrica en todo el país.
Según el Ejecutivo, la operación se realizará a través de un concurso público, nacional e internacional, como parte del plan de “reordenamiento” del Estado. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, será el encargado de dictar las normas necesarias para llevar adelante la operación, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la unidad creada especialmente para ejecutar la venta de activos estatales.
Desde el Gobierno justificaron la privatización al sostener que Enarsa “requirió transferencias millonarias del Tesoro” y no ofreció “una solución eficiente y rentable” en su rol dentro de la gestión de servicios públicos.
“La medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos”, sostuvieron a través de un comunicado. Además, señalaron que el sector privado “no solo puede hacerlo mejor, sino que es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación”.
Lo cierto es que Enarsa fue clave para el desarrollo energético del país: llevó adelante estudios, exploración y explotación de hidrocarburos, además del transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de gas y petróleo.
Con esta decisión, el Gobierno avanza en la desarticulación de una estructura estatal estratégica y reafirma su hoja de ruta en materia energética: dejar en manos privadas la operación del sistema, mientras el Estado se limita a regular y supervisar.
