Neuquén
Ausentismo docente: volver a trabajar, sin excusas
En Neuquén, los médicos irán a la casa de los docentes a verificar si están enfermos. Polémica.
Rolando Figueroa comenzó a tocar una fibra sensible en la educación de Neuquén: investigar las licencias que se toman los docentes para bajar el ausentismo en las aulas. Es un tema tabú en el gremio ATEN y con la paritaria cerrada, se vislumbra que esta olla que se destapa, no afectará el inicio del ciclo lectivo.
El ministerio de Educación mandará, desde febrero, a los médicos a la casa de docentes y empleados del Consejo Provincial de Educación, para verificar si realmente están enfermos o, por el contrario, hay irregularidades en la emisión de las licencias.
La ministra de Educación, Soledad Martínez.
Los controles se harán de manera aleatoria y sorpresiva y para graficarlo con un ejemplo, hay enfermedades de corto tratamiento que ya no serán justificativos de faltas.
Ausentismo: la batalla que da el gobierno
La ministra de Educación, Soledad Martínez, anunció que esta medida es parte de un plan integral para reducir las irregularidades en el uso de licencias médicas, que fueron investigadas por la Fiscalía de Estado y llevadas a denuncias penales en el Ministerio Público Fiscal.
“Lo que buscamos es reducir el margen de las avivadas”, enfatizó.
El nuevo esquema es la continuación de un proceso iniciado en 2024, cuando el Estado decidió prescindir de los servicios tercerizados de la empresa Gestión Ocupacional S.A.S., a la que Martínez señaló por incumplimientos.
Era una empresa que se contrató en la gestión del exministro de Educación, Osvado Llancafilo, actual diputado nacional por el MPN. Lo extraño del caso es que Llancafilo y Martínez realizaron una transición ordenada, y la empresa sí investigó algunos casos de abusos de licencias, con correcciones de ausentismo.
“El contrato incluía auditorías de certificados médicos y visitas domiciliarias, pero estas últimas nunca se realizaron. Además, las auditorías presentaron serias deficiencias, lo que nos llevó a no renovar el vínculo”, explicó la funcionaria.
«Es físicamente imposible revisar todos los casos, pero nuestro sistema informatizado nos permite detectar patrones y actuar en consecuencia» – Soledad Martínez
Ahora, con una estructura estatal a cargo, el objetivo del CPE es ordenar el sistema y garantizar que las licencias se otorguen bajo estrictos criterios médicos y legales.
Las auditorías domiciliarias estarán a cargo de profesionales asignados por regiones y funcionarán con un sistema de muestreo.
Según Martínez, “es físicamente imposible revisar todos los casos, pero nuestro sistema informatizado nos permite detectar patrones y actuar en consecuencia”.
La iniciativa, que incluye una revisión completa de las direcciones de los trabajadores, no solo busca fiscalizar, sino también enviar un mensaje por elevación al gremio docente: el presentismo importa, pese a que la ley de adicional sigue bajo a la revisión constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
En esta línea, el nuevo esquema se alinea con la ley de presentismo docente, que otorga incentivos del 15% a quienes no superen tres inasistencias trimestrales.
Sin embargo, la ministra también puso el foco en algunas situaciones específicas que preocupan al sistema. Por un lado, el uso excesivo de licencias por salud mental, que muchas veces reflejan conflictos internos en los lugares de trabajo.
Por otro, los certificados de cuidado por familiares enfermos que, según Martínez, en algunos casos no cumplen con los requisitos para justificar ausencias.
ATEN se opone a la ley de adicional por presentismo en Neuquén. Y está en contra de que la educación sea un servicio esencial. «Es un derecho», dicen.
“Desde el 5 de diciembre recibimos un montón de certificados por hipertensión. Salvo que el familiar esté internado por un pico de presión en terapia intermedia, la hipertensión tiene un tratamiento controlable y no es una causal que exima del trabajo”, afirmó Martínez con un tono que deja entrever la necesidad de “emprolijar” los criterios para este tipo de licencias.
La ministra aclaró que se justificará únicamente el cuidado de familiares directos declarados, como padres e hijos, y en casos excepcionales, otras relaciones que no tengan respaldo legal pero sí una necesidad comprobada.
“Por ejemplo, una hermana que esté en tratamiento y no tenga quien la cuide”, explicó, dejando en manos del cuerpo colegiado la evaluación de estas situaciones.
El análisis del CPE no se detiene en las licencias individuales. El plan es más amplio: ordenar un sistema que, históricamente, ha permitido que las “avivadas” y las irregularidades se cuelen en las grietas administrativas.
Martínez destacó que esta política no apunta a ningún sector en particular: “Es una medida para todo el personal, ya sean docentes, auxiliares o administrativos”.
Además, el sistema de auditorías se complementará con datos estadísticos del nomenclador de licencias, que discrimina por tipo de enfermedad o tratamiento.
La fiscalización no se realiza en el vacío. En los últimos años, el sistema educativo de Neuquén ha sido escenario de denuncias penales por certificados médicos apócrifos. Aunque aún no hay imputados, el mensaje de la ministra parece ser un intento por marcar la cancha. “Queremos garantizar que las licencias sean un derecho y no una herramienta de abuso”, dijo.
Datos alarmantes de la empresa auditora
La implementación de una auditoría externa con la empresa Gestión Ocupacional S.A.S en el CPE durante la gestión de Omar Gutiérrez había detectado irregularidades, pero según Martínez no cumplió con los objetivos de auditoría completa.
Ante la imposibilidad del área de Salud Ocupacional del CPE de abordar a gran cantidad de certificados médicos, con solo cuatro profesionales para atender la demanda, el gobierno provincial había decidido contratar a esta empresa especializada con un equipo de 25 auditores médicos.
Política Viral conoció el resultado de esa auditoria con un resultado alarmante: se hallaron que entre 15.000 y 17.000 certificados estaban sin auditar, mientras que, diariamente, se presentaban entre 1.200 y 1.300 nuevos certificados.
Sorprendentemente, el 40% de estos se concentraban los días viernes y lunes, de los cuales el 80% correspondían a licencias por razones psicológicas.
El trabajo de la auditoría permitió un control más riguroso y expuso graves irregularidades. Se detectaron casos de docentes con certificados prolongados que vivían fuera del país, en lugares tan distantes como Barcelona.
Además, se identificaron a profesionales de la salud que emitían hasta 34 certificados en un solo día, lo que generó dudas sobre la veracidad y legitimidad de estas prácticas.
El impacto financiero era considerable. Según cálculos oficiales, el perjuicio para el Estado por el pago de licencias médicas ascendía a $1.500 millones. Sin embargo, la intervención de la auditoría permitió una reducción progresiva del gasto: solo en mayo de 2023, se ahorraron $272 millones en este rubro.
Entre enero y mayo de 2023, la empresa auditó 75.000 certificados médicos, y redujo la cantidad diaria de presentaciones a la mitad, de 1.200-1.400 a unas 500-600 en los meses de mayo, junio y julio. Este descenso coincidió con un incremento significativo en las altas médicas aprobadas, que pasaron de 200 mensuales antes de la auditoría a 600 en diciembre de 2023.
