Política
Procesaron a cuatro miembros de Revolución Federal
Marcelo Martínez de Giorgi les trabó embargos por nueve millones de pesos.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó, sin prisión preventiva, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de Revolución Federal, a los que acusó de llevar a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
«Pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho», concluyó el magistrado tras enumerar a lo largo de 60 páginas todas las acciones violentas protagonizadas por los imputados.
El juez sostuvo que «tanto por redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio» de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El fallo
«Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor«, sostuvo Martínez de Giorgi en la resolución.
Para los investigadores, la finalidad de los actos desarrollados por Revolución Federal «fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados -pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado».
El juez destacó en su fallo «la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como ´van a correr´ o ´Todos presos, muertos o exiliados´ -entre otros-, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales, que utilizaron como herramienta de difusión, y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas».
El juez consideró en su resolución la cronología de sucesos violentos relatada por el fiscal Pollicita en su dictamen del 18 de octubre en la que se indicó que los integrantes de la agrupación Revolución Federal aprovecharon el malestar de la población por la actual crisis económica, financiera y social para azuzar a la ciudadanía.
En ese sentido, aseveró que la escalada de actos violentos «desembocó en la instauración de un estado de alarma social en virtud del atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación», y remarcó que «a partir de ese punto culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad, tanto en las calles como en las redes sociales».
De acuerdo a las constancias reunidas en la investigación, la actividad de Revolución Federal -primero llamada en Facebook «Rebelión Federal»- comenzaron el 11 de mayo de este año, con Morel y Sosa como instigadores.
Martínez de Giorgi afirmó en su fallo que los miembros de Revolución Federal «insistieron asiduamente con la propagación masiva de mensajes violentos e intimidatorios en redes sociales, que alentaron a la persecución, al odio y a la violencia de un sector determinado de la sociedad -concretamente, de las autoridades públicas pertenecientes a la coalición política Frente de Todos y de sus simpatizantes».
Para el juez, un hecho «muy ilustrativo de la magnitud de la incitación a la violencia llevada adelante por la agrupación bajo estudio» fueron las expresiones efectuadas en el vivo de Twitter de fecha del 6 de septiembre que dirigió Jonathan Morel -en la que estuvieron alrededor de 630 usuarios conectados- y donde un usuario celebró el intento de atentado contra la vicepresidenta.
Procesados pero en libertad
El magistrado procesó a los cuatro imputados por los delitos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión, y advirtió en su fallo que las conductas atribuidas a los imputados quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado.
El magistrado mandó a trabarles embargos sobre sus bienes hasta cubrir el monto de nueve millones de pesos, según surge del fallo de 60 páginas.
Los imputados ahora procesados sin prisión preventiva habían sido detenidos el 20 de octubre pero fueron excarcelados el lunes pasado por orden de la sala primera de la Cámara Federal porteña que entendió que todos estaban a derecho y que no había riesgo de que se fugaran ni entorpecieran la investigación.
Fuente: Télam.
