Patagonia
Santa Cruz: las familias policiales se suman al conflicto y refuerzan la olla a presión de Vidal
Vidal trata de cerrar un acuerdo con los docentes pero se mantiene el conflicto con la policía.
Familiares de efectivos policiales de Santa Cruz expresaron su apoyo al conflicto salarial que la fuerza mantiene con el gobierno provincial hace más de un mes.
Camila Cortez y Vanesa Aracena, hija y esposa del suboficial escribiente Víctor Cortez — uno de los referentes de los policías autoconvocados — describieron ante Tiempo FM 97.5 el desgaste cotidiano de sostener una familia con un salario estancado. «Los servicios, los alimentos, todo sube y el salario sigue estancado hace tiempo. Entonces es difícil mantener», planteó Vanesa. El reclamo central de la fuerza es concreto: llevar el salario del agente ingresante de $1,1 millones a $2,2 millones, un valor que consideran indispensable para salir de la línea de pobreza.
El mapa de un paro que se propaga
El conflicto policial no es aislado. Se enmarca en un ciclo de tensión con el conjunto del sector público santacruceño que arrancó en febrero. Esta misma semana los docentes de ADOSAC llevan adelante un paro de 72 horas — el segundo en dos semanas, tras uno de 96 horas la anterior — con un salario inicial de $1.276.000 frente a una canasta básica regional de $1.900.000, según la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
El jueves 2 de julio, el Frente Sindical Provincial — integrado por ADOSAC, ATE, APEL, Judiciales y trabajadores autoconvocados de Salud — realizó una movilización conjunta. Ese mismo día, el gobernador Claudio Vidal viajaba a Buenos Aires para asistir a la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete y luego se dirigía a la embajada de Estados Unidos para la celebración del 4 de julio.
Por si al conflicto le faltaba sazón el gobierno provincial dejó de pagar en mayo las licencias gremiales de siete dirigentes docentes — una medida que ADOSAC leyó como «persecución, hostigamiento y disciplinamiento» — y aplicó una multa de $126 millones al gremio por incumplir una conciliación obligatoria de 2025.
El eje del reproche gremial es el mismo que hoy plantean las familias policiales: el uso del descuento salarial como herramienta para desactivar la protesta.
No obstante, el martes el Gobierno ratificó una propuesta de aumento salarial que fue aceptada por uno de los sindicatos y se abre una brecha para, al menos por unos meses, encapsular el conflicto docente.
El agujero fiscal y la deuda
El ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, reconoció que Santa Cruz enfrenta una situación «crítica» con un déficit proyectado en 350 mil millones de pesos. Vidal impulsa un proyecto para endeudar a la provincia por 600 millones de dólares, iniciativa que la oposición cuestionó por comprometer futuras gestiones.
En ese marco, cualquier oferta salarial que el ejecutivo santacruceño ponga sobre la mesa arranca con un techo bajo. Y cualquier sindicato que la rechace se topa con la respuesta uniforme del gobierno: descuentos, sanciones y ahora también presentaciones penales.
Las familiares policiales rechazaron las versiones que calificaron como violentas las manifestaciones frente a Jefatura y otros edificios públicos. «Salieron a decir muchos medios que fue una toma de la Jefatura, que fuimos de forma agresiva, y nada que ver. Estuvimos pacíficamente expresando que estamos apoyando la medida», dijo Aracena.
Denunciaron además que la Fiscalía de Estado presentó una acción penal por los incidentes del 23 de junio en Casa de Gobierno. Es la misma línea que atraviesa el conflicto docente: descuentos, multas millonarias, corte de licencias gremiales, denuncias penales. La respuesta institucional al reclamo salarial se traslada del tablero paritario al aparato judicial y sancionatorio.
