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boca de pozo

Un decreto para devolverle la Corte al Presidente

Milei decretó una flexibilización del proceso para la selección de jueces para la Corte Suprema.

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Milei

Javier Milei firmó el decreto 467/2026 junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y lo publicó este martes en el Boletín Oficial. Con esa firma eliminó los principales mecanismos de transparencia que regulaban la designación de jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.

decretojueces

Lo que se va es concreto: la publicación de candidaturas en diarios de circulación nacional, el período de impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia, la exigencia de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer candidatos, y el informe patrimonial de ARCA sobre cada aspirante. Lo que queda es la web oficial del Ministerio durante tres días, una declaración jurada de bienes y el acuerdo del Senado.

La coartada de la duplicación

El gobierno justifica los cambios con un argumento técnico: el procedimiento ante el Ministerio «duplica instancias» que ya cumple el Senado, donde también hay audiencias públicas y participación ciudadana. La lógica tiene una grieta. El Senado es un cuerpo político donde los acuerdos se tejen en función de equilibrios de poder y negociaciones de agenda. La impugnación ciudadana ante el Ministerio era otra cosa: un carril abierto, previo, menos mediado por la rosca parlamentaria. Eliminar uno en nombre del contribuye a enfrascar el debate sobre un poder que rara vez sale del palacio.

La tercera

No es la primera vez que un gobierno intenta quitarse de encima el decreto 222 que Néstor Kirchner había firmado en 2003 con el objetivo declarado de «terminar con la práctica extendida de los gobiernos, que para tener gobernabilidad necesitan tribunales adictos».

Macri lo ignoró cuando colocó a Rosenkrantz y Rosatti, y luego debió dar marcha atrás. El propio Milei lo eludió cuando intentó sentar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte por la misma vía.

García-Mansilla asumió, pero el escándalo institucional que generó la maniobra lo obligó a renunciar.

La diferencia con esos episodios es que ahora el gobierno no elude las reglas. Las eliminó. Ya no necesita saltear el decreto 222 porque el decreto 222 ya no existe.

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