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Cultura

Tomás Rebord denunciado: la criminalización del malentendido

El conductor cuestionó las recurrentes visitas de Milei a Israel y recibió una denuncia por discriminación a la comunidad judía.

Publicado

en

Rebord

La reciente denuncia contra Tomás Rebord por parte del abogado Jorge Monastersky—con el entusiasta aval de Javier Milei, quien la calificó de «Masterclass» y arrobó a la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas)— no es solo un expediente judicial más; es el síntoma de una época. En su «Edibordial» de Blender, Rebord puso la lupa sobre algo que describió como absurdo: cuestionó la extraña necesidad del Gobierno de aclarar que «los judíos no tienen nada que ver» con los incendios en la Patagonia y bromeó sobre la frecuencia mística de los viajes presidenciales a Israel. «¿Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra?», lanzó sobre las visitas del mandatario al Muro de los Lamentos.

Para el abogado Jorge Monastersky, esto no fue humor ácido ni crítica política, sino una «estigmatización» que incita a la violencia. Bajo esta óptica, cualquier otro cuestionamiento a la agenda geopolítica-religiosa del Presidente puede traducirse como un ataque. Llevar una sátira humorística de streaming al terreno de lo penal pone en marcha una maquinaria que confunde, peligrosamente, la ironía con el odio.

 

El conflicto no es abuso: la trampa de la victimización

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La escritora Sarah Schulman en El conflicto no es abuso encontró estrategias desde la no-ficción literaria para argumentar sobre esta temática sin quedar atrapada en el mecanismo. Schulman en su ensayo plantea que las sociedades modernas tienden a interpretar un conflicto -una diferencia de opinión, un chiste de mal gusto o una crítica ácida- como un abuso.

El conflicto no es abuso - Sarah Schulman | PlanetadeLibros

Al denunciar a Rebord, la estrategia del abogado Monastersky no responde a una agresión real, sino que escala una diferencia de sentido al plano judicial. Es lo que Schulman llama «sobrerreacción institucional»: en lugar de debatir o criticar los dichos en la esfera pública, se refugia en el castigo del Estado. Esta metodología de victimización sin un freno habilita que el poder esquive la autorreflexión y use la ley para disciplinar a quien se atreve a disentir.

La Ley 23.592: Ley de Actos Discriminatorios

La denuncia contra Rebord se apoya en la Ley de Actos Discriminatorios, una norma nacida en 1988 para proteger a grupos vulnerables de persecuciones reales. Sin embargo, su uso en este contexto resulta problemático por dos razones. Por un lado, configura una banalización, en este caso, del antisemitismo: si todo es odio, nada es odio. Al etiquetar una parodia sobre la obsesión de un mandatario como un «acto discriminatorio», se vacía de contenido la lucha muy necesaria y muy real contra el racismo y la discriminación cultural y religiosa.

Por otro lado, genera un efecto disciplinador: cuando una figura como la del primer mandatario de Estado celebra estas denuncias opera sobre la libertad de expresión. A este segundo argumento, se le puede sumar la gravedad del doble estándar. El mandatario celebra una denuncia como la de Monastersky contra Rebord y, al mismo tiempo, visita foros internacionales y utiliza esa plataforma para calificar a todos los homosexuales como pedófilos.

La metodología de judicialización del conflicto con el agravante del visto bueno de la cabeza del Estado nacional, lejos de proteger a la población, parece funcionar como un escudo para el poder. Si el humor se criminaliza y el conflicto de ideas se trata como un asunto criminal, el que se debilita -aún más- es el tejido democrático.

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