Política
Casi seis de cada diez argentinos recurrieron al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos
Una encuesta reveló que el 58% de las familias debió endeudarse para cubrir gastos y el tema desembarca en el Congreso.
El 58% de los argentinos tomó préstamos, utilizó financiamiento o recurrió a tarjetas de crédito en los últimos meses para afrontar gastos corrientes, según un informe de la consultora Casa Tres. El relevamiento cuantitativo expone la magnitud de la crisis de ingresos en los hogares y coincide con el desembarco en el Congreso de la Nación de proyectos de ley orientados a sancionar penalmente la usura y regular los créditos informales en los sectores de mayor vulnerabilidad.
El mapa del endeudamiento
El estudio muestra que el recurso a herramientas crediticias atraviesa de manera desigual a la población y se profundiza en los segmentos con menor capacidad de ahorro. El porcentaje de personas que debieron recurrir a préstamos o financiamiento alcanza al 65% entre los sectores de menores ingresos y asciende al 63% en el caso de las mujeres.
La medición también refleja contrastes al cruzar las respuestas con las preferencias políticas expresadas en las últimas elecciones presidenciales. Entre quienes manifestaron haber votado por Sergio Massa, el 75% recurrió a mecanismos de deuda para llegar a fin de mes, mientras que el porcentaje se ubicó en el 48% entre los votantes de Javier Milei y en el 32% entre los electores de Patricia Bullrich. Estos números conviven con un repunte en las expectativas económicas negativas, en un marco donde más de la mitad de la sociedad percibe un deterioro continuo en el poder adquisitivo.
El debate llega al Congreso: buscan tipificar la explotación crediticia
Frente al avance del sobreendeudamiento y la proliferación de esquemas de cobro abusivos al margen del sistema bancario tradicional, la Cámara de Diputados comenzó a discutir iniciativas legislativas para poner freno a los prestamistas informales.
Entre las principales propuestas parlamentarias figura un proyecto encabezado por el diputado nacional Juan Carlos Molina (Unión por la Patria), que plantea incorporar al Código Penal la figura de «explotación crediticia en contextos de vulnerabilidad territorial». La iniciativa contempla penas de dos a seis años de prisión —con escalas que se elevan hasta los ocho años en casos de coerción, violencia, retención indebida de bienes o intermediación de organizaciones delictivas— para quienes lucren con la necesidad económica extrema en barrios populares mediante tasas usurarias desmedidas.
A la par de las sanciones penales contra prestamistas territoriales, distintos bloques de la oposición impulsan medidas complementarias para fijar topes a los costos financieros de billeteras virtuales, establecer mecanismos judiciales de renegociación de pasivos y garantizar la inembargabilidad de bienes esenciales de las familias endeudadas.
