Ravier vuelve a naufrar: ahora por el amarre del buque británico en Ushuaia

El miércoles 24 de agosto, el VS Promise — un petrolero de bandera británica registrado en la Isla de Man, territorio bajo soberanía del Reino Unido, con 228 metros de eslora y capacidad para transportar más de 500.000 barriles de crudo — amarró en el puerto de Ushuaia. Ese puerto está intervenido por el Gobierno nacional desde enero de este año, bajo el argumento de que constituye un activo estratégico clave para la soberanía argentina en el Atlántico Sur, pero pese a ello el vocero presidencial argumentó que la responsabilidad es del gobierno fueguino.

El Gobierno de Tierra del Fuego no tardó en señalar la paradoja: «Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio». El comunicado del gobernador Gustavo Melella fue directo: la provincia repudia y rechaza el amarre, y exige el cese de la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ya está siendo discutida ante la Justicia.

Qué hizo el buque y de dónde venía

Antes de arribar a Ushuaia, el VS Promise había operado en la terminal petrolera de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, donde realizó tareas de carga de crudo de la Cuenca Marina Austral. Ese es el argumento central que el Gobierno nacional usó para defenderse: el barco venía de trabajar en suelo argentino — de hecho, en la propia provincia — y llegó a Ushuaia exclusivamente para aprovisionarse.

El vocero presidencial Adrián Ravier fue más lejos: dijo que la monoboya de Cullen es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló primero el ingreso del buque. «La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas», aclaró Ravier, y agregó que la Ley Gaucho Rivero «no aplica» porque su artículo 2 alcanza solo a embarcaciones vinculadas a la exploración o explotación de recursos en esa cuenca específica.

Un argumento que no lo saca del naufragio

El razonamiento de Ravier tiene una dificultad política que ninguna precisión jurídica resuelve del todo. El debate en Tierra del Fuego gira en torno a si la presencia del buque viola o no la Ley Provincial N° 852, la «Ley Gaucho Rivero», que sanciona a buques vinculados a la logística de exploración ilegítima en el área de Malvinas. El Gobierno nacional dice que no aplica porque el VS Promise operó en la cuenca austral continental, no en Malvinas. La provincia dice que la discusión jurídica es secundaria frente a la contradicción política de fondo.

Andrés Dachary, secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, fue quien primero lo formuló con precisión en redes: «Vía la ANPyN, le sacó a Tierra del Fuego el puerto más austral del país con el argumento de proteger un activo estratégico. Resultado: hoy un petrolero de bandera británica opera en Ushuaia, bajo administración nacional.»

El argumento del Gobierno de que fue la provincia quien autorizó el ingreso en la monoboya no resuelve esa contradicción: la pregunta no es quién firmó primero, sino quién tenía el control del puerto cuando el buque amarró. Y ahí la respuesta es inequívoca: la Nación. Ocurre además, que la Nación no presentó ninguna queja frente a la administración fueguina y vuelve a quedar a la zaga en la defensa de la soberanía nacional.

La intervención de la ANPyN sobre el puerto de Ushuaia es cuestionada judicialmente por la provincia, que insiste en el cese de la medida y en la restitución de la administración portuaria. El VS Promise llegó en el peor momento posible para el argumento nacional: con un buque británico en el muelle, el Gobierno tuvo que defender con precisiones legales lo que políticamente luce como lo contrario de lo que prometió cuando se quedó con el puerto.