Patagonia
Chubut busca más poder de decisión en la represa Futaleufú antes de la nueva licitación.
La futura concesión del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú dejó de ser un expediente técnico para transformarse en una pulseada política entre la Nación y Chubut. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres reunió en Casa de Gobierno a los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; Cholila, Silvio Boudargham; y Trevelin, Héctor Ingram, para acordar una posición común de la cordillera antes de que avance el nuevo pliego que elabora la Secretaría de Energía nacional. El objetivo es que la Provincia y los municipios no se limiten a opinar sobre el resultado final, sino que participen desde la etapa de diseño de las bases y condiciones de la licitación.

El planteo central de Chubut es que el próximo concesionario no solo se haga cargo de la operación de la central, sino que asuma compromisos concretos con el territorio. La Provincia reclama que la nueva concesión incluya obras eléctricas para la región, un incremento de las regalías o cánones por el uso del recurso hídrico y un rol activo del gobierno chubutense en las decisiones sobre la generación hidroeléctrica. Torres remarcó que la defensa de la autonomía sobre los recursos naturales es “innegociable” y la vinculó directamente con el federalismo, al exigir que la Provincia y los intendentes tengan “voz y voto” en el proceso.
Como herramienta política, se conformará una mesa de trabajo para recopilar las demandas de los municipios involucrados y transformarlas en una postura unificada ante la Nación. La intención es evitar reclamos dispersos y negociar con una sola voz provincial, reforzando el peso de Chubut frente al gobierno central. En paralelo, el debate económico gana peso: el Ejecutivo pretende que Futaleufú deje beneficios más visibles en la zona cordillerana y que la nueva licitación se vincule a necesidades concretas de infraestructura energética.
El reclamo tiene además un respaldo judicial que explica la dureza de la posición provincial. En febrero de 2024, Chubut presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de certeza para cuestionar el marco regulatorio eléctrico y pedir la inconstitucionalidad de las leyes 15.336 y 24.065, alegando que vulneran el dominio originario provincial sobre los recursos naturales consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional. La Provincia pidió que se la reconozca como única legitimada para definir la concesión, prórrogas y nueva licitación de Futaleufú una vez vencido el contrato con Hidroeléctrica Futaleufú S.A., e incluso solicitó una cautelar para impedir prórrogas unilaterales por parte de la Nación. La Corte declaró que la causa es de su competencia originaria, pero aún están pendientes el traslado de la demanda y la resolución de la medida cautelar, lo que mantiene abierto el frente judicial mientras se prepara la nueva concesión.



